Funcionarios de la cárcel de Brieva, investigados por facilitar un móvil a Ana Julia Quezada a cambio de sexo
Un juzgado de Ávila mantiene abierta una investigación por presunto cohecho y abuso de función pública contra varios funcionarios de la cárcel de mujeres de Brieva, donde cumple condena Ana Julia Quezada, autora confesa del asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018.
La causa judicial se centra en la sospecha de que algunos trabajadores del centro penitenciario habrían entregado un teléfono móvil a la interna a cambio de mantener relaciones sexuales con ella, hechos que podrían constituir delitos de corrupción y abuso de poder.
Grabaciones sexuales como herramienta de chantaje
Según consta en el informe interno firmado por la directora de la prisión, Laura Pérez, Ana Julia habría admitido tener un móvil con grabaciones en las que aparece manteniendo relaciones sexuales con al menos un funcionario. Las imágenes, según la reclusa, fueron tomadas en su propia celda y con el conocimiento de los implicados.
La propia directora señala en su informe que la interna habría amenazado con divulgar esas imágenes para "hundir el centro" y chantajear a la dirección, una maniobra que incluiría a su actual pareja, quien, según se detalla, custodia el dispositivo que contiene las grabaciones.
Relaciones sexuales a cambio de regalos
La investigación recoge además testimonios de al menos tres internas y de un educador del centro, quienes confirman que Ana Julia habría mantenido relaciones sexuales con varios funcionarios, a cambio de favores o "regalos". En palabras de su pareja, la reclusa habría recibido beneficios indebidos como parte del trato con los trabajadores implicados.
Una de las acusaciones más graves aparece reflejada en el documento remitido al juzgado: la propia Quezada habría declarado haber sido víctima de una violación, al considerar que uno de los funcionarios se aprovechó de su posición de poder para mantener relaciones no consentidas plenamente.
Un funcionario ya fue detenido en septiembre
Entre los investigados figura un funcionario que ya fue detenido el pasado mes de septiembre por un posible delito de abuso de función pública, relacionado directamente con estos hechos. Este trabajador habría sido la persona que facilitó el teléfono móvil a Ana Julia, lo que constituye una grave infracción del régimen penitenciario.
La denuncia de Patricia Ramírez, detonante del caso
La madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha sido la impulsora indirecta de la investigación. Fue ella quien alertó a las autoridades al saber que Ana Julia estaba utilizando un teléfono móvil dentro de la cárcel para contactar con periodistas. Su denuncia ha sido clave para abrir la vía judicial que ahora sacude al centro penitenciario abulense.
Un escándalo con implicaciones institucionales
La investigación sigue su curso en los juzgados de Ávila, y se espera que en los próximos días se produzcan nuevas declaraciones, tanto de internos como de personal del centro. El caso podría derivar en importantes consecuencias disciplinarias y penales para los implicados, en un escándalo que pone en entredicho la seguridad y el control interno de una de las prisiones más vigiladas de España.