Eutanasia en España: cuatro años de lentitud institucional y dignidad silenciada

Eutanasia
El 25 de junio de 2021, España cruzó un umbral. Desde ese día, decir “quiero morir con dignidad” dejó de ser un deseo frustrado para convertirse en un derecho legal. Cuatro años después, lo que parecía una revolución en los derechos civiles sigue tropezando con el mismo obstáculo: el tiempo

Más de 1.500 personas han solicitado la eutanasia desde que la ley entró en vigor. La cifra impresiona, pero esconde otra realidad menos visible, muchas de ellas murieron esperando. Según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, solo 334 personas accedieron al procedimiento en 2023. Otras 188 vieron su solicitud rechazada. Un 25% falleció antes siquiera de llegar al “sí”. Y todo ello, con un plazo legal que estipula que la decisión no debería demorarse más allá de 40 días.

Pero la vida —y la muerte— no caben en calendarios burocráticos.

Lo que ocurre cuando se pide morir

Cuando alguien solicita la eutanasia, no lo hace porque ha perdido las ganas de vivir. Lo hace porque su cuerpo ya no responde, porque el dolor es constante, porque el pronóstico es irreversible. Lo hace porque no quiere que sus seres queridos le vean apagarse entre tubos, ni que su nombre sea un número más en una cama hospitalaria.

Sin embargo, muchos se han encontrado con dilaciones por parte de los comités autonómicos, objeciones de conciencia institucionalizadas y recursos judiciales que estiran el sufrimiento semanas, incluso meses. Lo han vivido personas como Noelia y Francesc, cuyo caso está pendiente del Constitucional tras la suspensión del proceso por una denuncia presentada por la Fiscalía. Una paradoja dolorosa: quienes buscan poner fin a su dolor acaban atrapados en los laberintos del sistema.

Una ley progresista, pero con una ejecución desigual

La Ley Orgánica 3/2021 situó a España a la vanguardia junto a otras naciones como Países Bajos o Bélgica. Pero, como han reconocido voces como la de María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad y una de las impulsoras de la norma, “la ley no se cumple igual en todas las comunidades”. Algunos territorios, como el País Vasco o Cataluña, han consolidado estructuras estables y ágiles. Otros, aún carecen de comités formados o tardan meses en emitir una respuesta.

Y no es solo una cuestión de plazos. También lo es de voluntad política. De formación médica. De comprensión ética.

Un futuro con menos ruido y más acompañamiento

No se trata de banalizar la eutanasia ni de convertirla en una opción generalizada. Todo lo contrario. Se trata de tratarla con el respeto y el cuidado que exige. Humanizar el proceso. Dar espacio a la escucha, a la empatía, a la decisión consciente y libre.

Porque detrás de cada solicitud hay una historia. No es un trámite. Es una despedida. Un acto profundo. Un ejercicio de autonomía.

La eutanasia en España ha dejado de ser un tabú. Pero aún queda mucho por hacer para que deje de ser, también, una carrera de obstáculos.