La justicia detiene el intento de Trump de purgar las universidades

El intento de la Administración Trump por cancelar los visados de estudiantes internacionales en Harvard ha recibido un duro revés judicial. La jueza federal Allison Burroughs, nombrada durante el mandato de Barack Obama, ha paralizado la orden ejecutiva impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional que buscaba revocar el programa de visados de la prestigiosa universidad a partir del curso 2025-2026.

Esta decisión judicial, aunque temporal, supone una victoria significativa para la institución educativa, que ha visto peligrar la permanencia de más de 7.000 alumnos extranjeros —el 27% del total de su matrícula—. En su resolución, la magistrada argumentó que Harvard “ha demostrado que, a menos que su petición de restringir temporalmente [la orden de Trump] sea revocada, sufrirá un daño inmediato e irreparable”.

Un conflicto con implicaciones académicas y legales

La universidad, conocida por su defensa de la autonomía académica, no tardó en reaccionar cuando se conoció la medida del Gobierno. Harvard denunció la iniciativa como una “violación flagrante” de la Constitución estadounidense, que supondría un golpe devastador para su comunidad educativa y su capacidad investigadora.

En un comunicado especialmente crítico, la institución afirmó: “Con un simple trazo de pluma, el Gobierno quiso borrar a un cuarto del alumnado de Harvard”. Añadiendo que: “Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”.

La controversia se intensificó cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó públicamente a la universidad de fomentar “violencia, antisemitismo y lazos con el Partido Comunista chino”. Noem incluso exigió a Harvard, como condición para levantar el veto, la entrega de grabaciones de protestas estudiantiles ocurridas en los últimos cinco años. La universidad se negó rotundamente a cumplir ese ultimátum de 72 horas.

El presidente intensifica su cruzada contra las universidades

El conflicto no se limita a Harvard. Desde su plataforma Truth Social, Donald Trump respaldó públicamente extender estas medidas a otras instituciones académicas, medios de comunicación e incluso bufetes de abogados que, a su juicio, se oponen a su agenda política.

Su retórica apunta a “depurar” los campus de manifestantes propalestinos y castigar a quienes se atrevan a criticar su administración. Entre sus propuestas más controvertidas figuran deportar a estudiantes extranjeros que hayan participado en protestas a favor de Palestina, aunque no hayan infringido la ley, e incluso la inquietante sugerencia de procesar a jueces cuyas sentencias en materia migratoria no le resulten favorables.

Harvard, sin embargo, ha respondido ante lo que considera una amenaza a la libertad académica. “Este ataque forma parte de una campaña para castigar nuestra negativa a rendir nuestra independencia académica y permitir al Gobierno dictar nuestro plan de estudios, nuestros profesores y nuestro alumnado”, afirmó la universidad.

Un pulso institucional con consecuencias impredecibles

La Casa Blanca, por su parte, ha contraatacado. Abigail Jackson, portavoz del Ejecutivo, cuestionó las prioridades de la universidad. “Si Harvard se preocupara tanto por erradicar el antisemitismo como por presentar demandas absurdas, no estarían en este lío”, expresó, en un intento por desviar la atención hacia el debate sobre el extremismo en los campus.

A medida que se aproximan las elecciones, la tensión entre la Casa Blanca y las instituciones académicas podría escalar aún más, con consecuencias que van mucho más allá del campus de Harvard.