Exaltos cargos de la Comunidad de Madrid declaran como investigados por los fallecidos en residencias durante la pandemia
El juzgado reabre la causa tras la denuncia de más de 100 familiares y la solicitud de la Fiscalía. Las víctimas reclaman justicia cinco años después. Finalmente se ha suspendido la sesión por no haberles sido trasladadas las actuaciones a los imputados
Hoy, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados a Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y al doctor Antonio Burgueño, todos ellos con responsabilidades clave durante la primera ola de la pandemia en la Comunidad de Madrid. La causa investiga si se cometió un delito de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, en relación con los protocolos que impidieron la derivación de mayores desde residencias a hospitales entre marzo y abril de 2020.
La reapertura de esta investigación, que había sido archivada provisionalmente en 2021, se produce a instancias de la Fiscalía Provincial de Madrid, tras una denuncia colectiva presentada en octubre de 2023 por 109 familiares de víctimas, coordinada por las entidades Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare.
¿Quiénes son los investigados?
- Carlos Mur era director general de Coordinación Sociosanitaria en marzo de 2020. Firmó los llamados protocolos de no derivación hospitalaria, que excluían del traslado a mayores en función de criterios como su dependencia.
- Francisco Javier Martínez Peromingo, médico geriatra, tomó decisiones sobre 47 residencias del área del Hospital de Móstoles y sucedió a Mur en su cargo tras su cese.
- Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Gobierno madrileño, fue el encargado del llamado "plan de choque" para las residencias.
La denuncia colectiva les atribuye un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal, y solicita además que se investigue si la aprobación de estos protocolos podría constituir también prevaricación.
Concentración en los juzgados: justicia y memoria
Durante las declaraciones judiciales, decenas de familiares de fallecidos en residencias se han concentrado frente a los juzgados de Plaza de Castilla. Con pancartas y rostros marcados por el dolor, han exigido justicia y reparación.
“Llevamos cinco años esperando justicia”, ha declarado María Jesús Valero, presidenta de la asociación 7.291 Verdad y Justicia.
“Es un hito. Independientemente del resultado, marca un cambio en este largo camino”, ha añadido Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.
Ambas organizaciones confían en que esta causa judicial pueda ser el precedente para reabrir otras denuncias similares presentadas en diferentes juzgados del país.
Reacciones políticas: entre la calma y la crítica
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado estar “muy tranquilo” al ser preguntado por el caso. En una entrevista en Telecinco, ha afirmado que las comunidades actuaron conforme a los protocolos epidemiológicos de entonces y que la mortalidad en Madrid estuvo por debajo de otras regiones. También ha recordado que la mayoría de denuncias fueron archivadas por los fiscales.
La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha insistido en que “hay más de 60 causas archivadas” y ha lamentado que, en su opinión, se esté utilizando el dolor de las víctimas con fines políticos.
En el otro extremo, el PSOE de Madrid ha anunciado su personación en la causa. A través de un comunicado, han criticado los llamados “protocolos de la vergüenza” y han pedido que, además del posible delito de denegación de asistencia, se investigue si hubo prevaricación en su elaboración.