domingo 08.12.2019
Denuncia de Los Directores

Discriminación en la educación de adultos en Madrid

La Educación de Personas Adultas ha sido históricamente la cenicienta del sistema educativo, constantemente discriminada y denostada por parte de los gobiernos de la Comunidad de Madrid, es la denuncia de la Asociación de directores de educación de personas adultas de la comunidad de Madrid

La educación de personas adultas se basa en el Decreto 128/2001, de 2 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco de actuación para esta modalidad educativa en la Comunidad de Madrid. En él se recoge, como principio, la necesidad de la educación permanente, aprendizaje a lo largo de la vida, como un derecho de la ciudadanía dentro del contexto europeo, fundamental para favorecer la igualdad de oportunidades.

El colectivo al que se dirige esta oferta educativa es el más vulnerable. “En tiempos de crisis se deberían haber aumentado sus recursos, denuncia la Asociación de directores de educación de personas adultas de la comunidad de Madrid; por el contrario, la administración los ha recortado y privatizado”.

Este Decreto señala como enseñanzas a abordar en los CEPA las de Formación básica, en línea conducente a la titulación de Graduado en Secundaria y otras para la adquisición de competencias lingüísticas del español como segunda lengua; Enseñanzas Técnico-Profesionales para la actualización y perfeccionamiento de cualificaciones profesionales y facilitación del acceso a titulaciones y certificaciones oficiales de enseñanzas postobligatorias como la FP y la Universidad (Talleres Operativos, Ocupacionales, FPB…); y Enseñanzas para el desarrollo personal y la participación.

La Asociación ha analizado que “durante los últimos seis años, se han ido agravando las medidas adoptadas por la administración, lo que nos ha conducido a que la EPA estuviese en peligro de extinción, con una política de recortes plasmada en disminución de oferta educativa, grupos, cupos, presupuestos, dotaciones, recursos…), centrándose, desde 2010, en las enseñanzas básicas casi exclusivamente”.

Entre 2010 y 2014, insiste la Asociación, “la plantilla de los Centros ha sufrido una merma del 21% y una precarización en la misma que no permite acometer proyectos a medio plazo; las destrezas indispensables para la vida moderna apenas tienen cabida; no se han desarrollado herramientas que mejoren la oferta y los recursos con plataforma de distancia, formación semipresencial, se ha fomentado la competencia desleal desde el sector privado con más medios, recursos, publicidad y difusión, estabilidad y seguimiento; un trato discriminatorio a los Equipos Directivos, con lo que un Jefe de Departamento de Instituto puede cobrar más que un Director de un Centro de Educación de adultos (CEPA).”

También se ha visto reducida la asignación presupuestaria a los CEPA públicos en detrimento de los Centros Autorizados: se otorgan becas de 5.000 euros a alumnos que reúnan los requisitos del Programa de Garantía Juvenil que no puede solicitarse si el Centro de Adultos es público. Cada vez hay menos financiación destinada a conservación y mejora de unas instalaciones en su mayoría muy antiguas que necesitan reformas integrales urgentes; no hay actualización de los recursos…