viernes 15.11.2019
POLÉMICA GESTIÓN

Dilapidación del dinero público: la deuda de 120 millones que asfixia a Rivas

Descontrol en las cuentas financieras, daciones en pago con saldo negativo para el contribuyente, sobrecostes en las empresas públicas, subvenciones ‘cuestionables’ o cuentas bancarias opacas. Esta es la situación tras 23 años de gobierno de IU

José Masa, alcalde de Rivas Vaciamadrid (Madrid) | Ayuntamiento de Rivas.
José Masa, alcalde de Rivas Vaciamadrid (Madrid) | Ayuntamiento de Rivas.

Cada habitante debe casi 1.600 euros. El endeudamiento de Rivas Vaciamadrid desfasa a los ingresos anuales en un 200%. Según un informe publicado por el ministerio de Hacienda, en 2013 Rivas se encontraba entre los 300 municipios (de un total de más de 8.000) que más deuda por habitante tiene en España. Este es el balance de más de 23 años de gobierno de Izquierda Unida. La situación ha llevado al gobierno de izquierdas a rechazar el pago de los intereses de su deuda que asciende a cinco millones de euros.

La evolución al alza de la deuda de la localidad de Rivas ha sido exponencial en los últimos años. En 2010 apenas superaba los 40 millones de euros, ahora se acerca a los 120 millones, una cantidad muy alta para un municipio de 75.000 habitantes. El grueso de la deuda viene explicado en gran parte por el famoso pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular.

La medida del PP tenía como intención que la Administración Central financiaba a los ayuntamientos para que pagaran las facturas que adeudaban a empresas. Las famosas facturas en el cajón, que tanto han repetido algunos políticos y medios de comunicación. La política seguida por los ayuntamientos era de pagar ‘cuando se quería o podía y sin intereses’, aunque quebraran diversas pymes por asfixia financiera. La decisión del Gobierno, hacer frente al pago de esas facturas, hizo aflorar extractos por valor de 96 millones de euros en el Ayuntamiento de Rivas.

Aunque el consistorio esgrimió para justificar el impago que “las políticas de austeridad impuestas por el PP han dado como única vía posible para el pago a proveedores este rescate encubierto”, en realidad el problema tiene más que ver con los 96 millones que se ha gastado el consistorio en sus diversas políticas.

Algunos gastos tienen difícil justificación, en concreto, los relacionados con las empresas públicas del consistorio. Más de un 30% presupuesto de Rivas, 38,1 millones de un total de 96 millones en 2014, va destinado a sus dos empresas públicas. El grueso de los 38 millones se destina a la empresa de vivienda (EMV).

La relación con Habyco XXI

La relación económica entre el ayuntamiento y la empresa que gestiona la EMV está descompensada. El informe de la Cámara de Cuentas explica que existe una “sobrefacturación anual por valor de 405.000 euros”. Además, la compañía recibe unos honorarios cercanos a los 12,7 millones de euros, mientras que según cálculos de la Cámara sólo están justificados unos nueve millones. Asimismo, la alcaldía le ha perdonado a Habyco XXI más de 800.000 euros, en concepto de alquiler. La  firma debería pagar 78.000 euros anuales, según la Cámara de Cuentas, desde 2003 por ocupar los 660 metros cuadrados de las primeras plantas del Edificio Atrio, propiedad del ayuntamiento y sede de la EMV. Incluso los materiales que usa Habyco corren a cuenta del cabildo por valor de 135.000 euros.

La gestión de la EMV se adjudicó de manera dudosa a dicha sociedad. La Cámara de Cuentas explica que la adjudicación se llevó a cabo incluso antes de que la empresa estuviera registrada en el registro mercantil. Además, que no posee personal propio y duda de que la sociedad pudiera gestionar un volumen de dinero de cerca de 20 millones anuales.

Otra deficiencia que encontró la Cámara era que el informe de Auditoria estaba contratado por la empresa Audilex Auditores y figura como “auditor externa” de la misma. “Es una situación significativa, dado que la misma empresa audita a Habyco y a la EMV, que está gestionada íntegramente por aquella, por lo que los negocios estaban sometidas a un mismo controlador, hecho que en sí mismo origina una amenaza a la independencia del auditor” explicaba el informe.

También señala que la gestión diaria de la EMV no queda reflejada en un expediente que integre y acredite todas las actuaciones. Tampoco existe un archivo adecuado de la documentación de las operaciones contabilizadas. Además, en la base de datos que se aportó se detectaron errores en los NIF aportados, lo que supone una incertidumbre sobre el cruce de las empresas relacionadas con Habyco.

Subvenciones y daciones ‘irregulares’

Una de las operaciones que la Cámara de Cuentas recalca en su informe fue la permuta de 11,2 millones de euros de una parcela de una promotora a cambio de una deuda tributaria. Esa operación se desarrolló de manera irregular por tres motivos: En primer lugar la Ley General Tributaria les impide realizar esa gestión. En segundo lugar, el ayuntamiento asume una deuda de 1,9 millones a los que se debe sumar casi dos más en concepto de IVA. Por último, todo ello se lleva a cabo sin que se haga una valoración de la parcela.

El consistorio dio una subvención de 900.000 euros para construir un gimnasio en la planta baja del Edificio Atrio. La obra la realizó Obrecom por 702.000 euros, la diferencia de casi 200.000 euros no se devolvió al ayuntamiento. La EMV justificó el pago total con una factura suya al consistorio, algo que la Cámara describió como “inadecuado”.

No son los únicos puntos negros que señaló el informe. Las obras de urbanización de una fase de construcción de viviendas públicas se otorgó a la empresa GEDECO que se encontraba en concurso de acreedores.    

Descontrol financiero

El informe también puso de relieve que el ayuntamiento presentaba “deficiencias” en su gestión financiera que suponía mucho dinero para los contribuyentes del municipio. Según la Cámara de Cuentas, el ayuntamiento no aportó la información relativa a nueve cuentas bancarias del año 2010 con un saldo de 97 millones de euros. Tampoco de otras nueve de ellas en el ejercicio de 2011 con saldo de 30 millones. Por tanto, a efectos públicos se desconocía quien era el autorizado para tratar dichas cuentas.

También se detalla cómo faltaba un 10% de la documentación pedida, porque según el ayuntamiento “hubo una inundación”. El consistorio no contaba con el inventario de bienes detallado, presentaba deficiencias en el programa informático de gestión de nóminas. La Cámara de Cuentas se quejó a la alcaldía porque faltaba información sobre los préstamos y operaciones financieras con entidades de crédito, es decir, no se reconocían algunas deudas. Incluso un contrato con Bankia aportado, no era el original, ni tenía cumplimentado el nombre del representante del Ayuntamiento y tenía tachadas las firmas.

El informe también detallaba que se gastaban 100.000 euros anuales por no cumplir puntualmente con los pagos a la Seguridad Social, en concepto de multas.

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