miércoles 27/10/21
LAS CLAVES DE GÜRTEL I

El factor Aguirre

Esperanza Aguirre no solo fue avisada de un "pelotazo" urbanístico a costa de Arganda por Álvaro Lapuerta. La empresa del hermano y el hijo de la expresidenta fueron claves en la operación

Esperanza-Aguirre
Esperanza Aguirre. | GTRES

Arganda y la venta de la controvertida parcela UE-124 fue, según la investigación, el primero de una serie de "pelotazos" urbanísticos de la trama Gürtel. La Policía cree que los 160.000 metros cuadrados de esta Unidad de Ejecución se vendieron al menos 20 millones de euros por debajo de su valor y generaron una comisión a Correa de 12,8 millones, que presuntamente cobró en Suiza. Aguirre ha declarado ante el juez que se enteró de esta operación tras una reunión, a finales de 2004, con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, en el despacho de Mariano Rajoy. Sin embargo, una empresa de su familia tuvo un papel crucial en la operación. La consultora Aguirre Newman, propiedad de su hermano Santiago y en la que trabaja el hijo de la expresidenta madrileña, Fernando Ramírez de Haro Aguirre. Difícilmente Aguirre podía estar desinformada sobre lo que se cocía en Arganda.

De hecho, esta operación estuvo bajo la lupa de la Justicia, tras los recursos de los rivales de Martinsa en la puja por los terrenos, así como por la oposición socialista, que recurrieron la adjudicación de esta parcela por 66 millones de euros más otros 11 en obras. Las sucesivas sentencias se apoyan en la valoración de los terrenos y de las ofertas que hizo la empresa Aguirre Newman para dar validez a la tasación de los terrenos que hizo el Ayuntamiento y la empresa municipal del suelo, que entonces dirigían los hoy imputados Ginés López y Benjamín Martín Vasco.

Aguirre Newman fue la empresa, apoyada por la consultora Plarquin, que hizo la valoración de los terrenos y las ofertas que se presentaron al Ayuntamiento por esta jugosa parcela. En Plarquin estaba otro conocido de Esperana Aguirre, ya que se trataba de la empresa de Enrique Porto, al que su Gobierno nombró director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 -que fue el que vio el recurso de las empresas competidoras de Martinsa- recoge textualmente: "El órgano de contratación -el Ayuntamiento de Arganda- decidió encomendar a la consultora Aguirre Newman Madrid SA un informe de valoración de las tres ofertas presentadas". La empresa de Santiago Aguirre Gil de Biedma analizó dos de los puntos de las ofertas, mientras que Plarquin se ocupó de otro más. Las empresas que quedaron fuera del negocio acusaron ante la Justicia al "asesor y consultora exterma" (Plarquin y Aguirre Newman) de "defectos, errores e incongruencias en sus valoraciones".

Aguirre Newman es una importante consultora inmobiliaria en España y fuera de España, aunque ha basado buena parte de su negocio en Madrid. Su presidente es Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre. Fernando Ramírez de Haro Aguirre, marqués de Villanueva de Duero, es un alto directivo de la consultora. Por su parte, Enrique Porto fue nombrado por Aguirre director general de Urbanismo -nombramiento del que ahora ella se desentiende-, hasta que se vio obligado a dimitir en 2006 por un escándalo relacionado con su asesoría, Plarquin.

Esperanza Aguirre, sin embargo, en su declaración escrita ante el juez Ruz asegura sobre estos hechos que fue convocada por Lapuerta a la sede del PP y que, en el despacho de Mariano Rajoy, a finales de 2004 -ya como presidenta de Madrid- fue informada de la operación de Arganda y otra en Majadahonda de venta de terrenos a precio tasado, con valor muy inferior al real en mercado. Asegura que "llamó" a Ginés López, alcalde, y Benjamín Martín Vasco, presidente de la empresa del suelo de Arganda, y que ambos le dijeron que ya estaba adjudicado y que la operación era legal.

Sin embargo, a pesar de la denuncia y presunción de irregularidades, el Gobierno de Aguirre aprobó un aumento jugoso de edificabilidad en 2006 de las mismas parcelas que había evaluado la empresa de su familia y su director de Urbanismo, Enrique Porto. Aguirre asegura en su declaración que "cuando en Consejo de Gobierno nombra a Enrique Porto, a propuesta del consejero correspondiente, yo no conocía a ese señor". Aguirre era, por supuesto, presidenta del Consejo de Gobierno.

Justo tras la aprobación del incremento de edificabilidad (de 1.600 a 2.400 viviendas) Martinsa vendió un tercio de la parcela por el triple de lo que le había costado. Lo que se conoce como un "pelotazo", propinado en los últimos años de la burbuja urbanística.

A pesar de los avisos de Lapuerta -según algunas fuentes también estaba presente, junto a Rajoy, Luis Bárcenas, aunque Aguirre dice que "es posible" pero no lo recuerda- y de que su propia familia había intervenido en el proceso, Martín Vasco y Lóprez siguieron en sus funciones. Del mismo modo que el exalcalde del otro "pelotazo" denunciado, Guillermo Ortega, de Majadahonda, fue nombrado por Aguirre presidente del Mercado Puerta de Toledo cuando dejó el ayuntamiento de este municipio residencial del noroeste de Madrid.

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