martes 15.10.2019

Ministro cuestiona andamiaje legal para combatir delincuencia organizada

El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz acusó que el andamiaje legal para el combate a la delincuencia organizada no es adecuado, y además criticó la concentración de competencia en la federación a través de leyes generales
Ministro cuestiona andamiaje legal para combatir delincuencia organizada

Al iniciar la sesión del seminario sobre violencia y paz ¿Sirve el andamiaje legal para enfrentar al crimen organizado?, advirtió un enorme desorden legislativo en la estructura general.

El Estado mexicano, muy erráticamente por época y etapa, o respuesta inmediata, ha ido construyendo el marco jurídico para el combate de la delincuencia organizada; pero la ley no es adecuada para combatirla, y los delincuentes tiene abogados competentes para no ir a la cárcel, sostuvo.

El ministro advirtió que los buenos deseos y las ganas no son suficientes para mandar a la cárcel a los delincuentes, si antes te encuentras con un conjunto de deficiencias procesales y orgánicas, que lleva a tirar los juicios.

Además, sostuvo que una parte importante de los temas de impunidad se deben a que se parte de una competencia poco adecuada de los órganos que tienen que combatir la delincuencia.

Abundó que el problema es que en los últimos años, desde el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, han proliferado mucho las leyes generales que le dan más competencia a la federación en materias que en principio estaban designadas a los estados, por lo que se han ido centralizado suavemente.

"Estamos viviendo un proceso enorme de concentración de facultades en la federación y el mecanismo con lo que se ha hecho esto es con las leyes generales", subrayó.

Cossío Díaz sostuvo que tampoco es un modelo único, y este es uno de los principales problemas de combate a la delincuencia organizada.

Al crear leyes generales, afirmó, se han producido diferencias brutales, porque han creado competencias particulares para la federación en algunas materias y diferenciadas para los estados en otras materias.

"Una ley general que se emite en materia de secuestro o de desaparición forzada de personas o de tortura es distinta en la manera que han distribuido para la federación y para los propios estados", ejemplificó.

Si un funcionario quiere llevar un acto de autoridad y no encontrara un fundamento en alguna norma jurídica, significa que no tendría validez jurídica para llevar ese acto, puntualizó.

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