sábado 14.12.2019

Trinidad Jiménez y la Fiscalía niegan las presiones de EEUU

González Mota asegura nunca ha recibido órdenes de Javier Zaragoza para cerrar casos en los que están implicados políticos o militares estadounidenses

La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha negado este martes que la Fiscalía del Estado o el Gobierno sufrieran presiones de Estados Unidos para obstaculizar procesos judiciales o que España recibiera dinero para acoger presos de Guantánamo, como afirman algunos documentos filtrados por Wikileaks.

Así lo ha dicho tras la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, preguntada por las filtraciones dadas este martes a conocer por El País, según las cuales EEUU presionó al Gobierno español para "frenar o boicotear" las causas judiciales abiertas contra políticos y militares norteamericanos presuntamente involucrados en el caso Couso, torturas en Guantánamo, o secuestros en vuelos de la CIA.

Según estos documentos, el embajador norteamericano entre 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, había dirigido numerosas presiones sobre el Gobierno español y las autoridades judiciales, y había contado con el apoyo de contactos como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

"Es absolutamente falso que hubiera algún tipo de presión", ha zanjado la ministra, antes de asegurar que en España la Justicia es "independiente", actúa "con mucha seriedad" y, por tanto, "es impensable que se pueda ver presionada bajo ningún concepto para que pudiera cerrarse un caso".

Respecto al documento que señala que EEUU habría ofrecido a España 85.000 dólares por cada preso de Guantánamo que acogiera, también lo ha rechazado, alegando que "en ningún caso medió, ni siquiera hubo intención de que mediara precio alguno por acoger a presos".

La Fiscalía también niega

El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota negó este martes haber recibido instrucciones de EEUU para "frenar" las causas abiertas en España contra políticos y militares americanos y ha recordado que pidió la detención de la tripulación de un vuelo de la CIA que hizo escala en Palma de Mallorca en 2004.
      
Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas el fiscal coordinador de terrorismo de este tribunal, que ha insistido en que la posición del Ministerio Público es "la legal conforme a las leyes españolas y en ningún caso es transmitir ante las autoridades judiciales españolas los intereses americanos".
      
González Mota aseguró a la embajada que no se opondría a la petición del juez Ismael Moreno de desclasificar documentos del CNI sobre los vuelos porque estaba convencido de que en ellos no habría nada "incriminatorio".
      
El fiscal ha insistido en que él remitió un escrito a Moreno fechado el 29 de diciembre de 2006 en el que apoyaba la desclasificación de dichos papeles, por lo tanto antes del informe recogido por el diario, que está fechado el 1 de febrero de 2007 y que asegura que los documentos llegaron a la Audiencia Nacional semanas después llenos de tachaduras.
      
"No compromete en absoluto a la independencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que con posterioridad a presentar un dictamen ante el juez se informe a la opinión pública o se informe a las asociaciones o partes que están interesadas", ha recalcado antes de reiterar que "no supone ni rendir cuentas ni representar ante los tribunales los intereses americanos".

Cierre de casos
      
Preguntado por si ha recibido órdenes del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para cerrar casos en los que están implicados políticos o militares estadounidenses, González Mota ha señalado que "al revés", pues contó con su autorización para pedir, el pasado mes de mayo, la detención de la tripulación de uno de los vuelos de la CIA con terroristas detenidos que hizo escala en Palma de Mallorca en enero de 2004.
      
En los documentos secretos y reservados filtrados por Wikileaks se desprende también que el embajador entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, había dirigido numerosas presiones sobre el Gobierno español y las autoridades judiciales, pero que también había contado con el apoyo de contactos como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido y Zaragoza.
      
"A mí no me han visitado para cerrar nada ni hemos seguido ninguna instrucción de la embajada", ha concluido.