Jueves 15.11.2018
Teresa Ribera firmó el ruinoso proyecto

El PP culpa a la ministra de Transición Ecológica del `caso Castor´

Pedro Sánchez se inventó un nuevo departamento para contentar a los ecologistas, el Ministerio para la Transición Ecológica, y puso a su frente a Teresa Ribera, que firmó los informes favorables para el ‘caso Castor’.

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica

El pasado pasa factura. Pocos saben que Teresa Ribera, que en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero dirigió la Oficina Española de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente (2004-2008) y la Secretaría de Estado de Cambio Climático (2008-2011), fue una de las grandes responsables del ‘proyecto Castor’ que produjo cientos de pequeños terremotos en la costa Mediterránea y ha costado a los españoles más de 4.000 millones de euros. Sin embargo, su gestión de entonces ha sido ‘premiada’ por Pedro Sánchez con el Ministerio para la Transición Ecológica.

El PP está escarbando para sacarle semana a semana al presidente nuevos asuntos de los ministros de su Gobierno: el de Teresa Ribera es el primero.

El fiasco en forma de terremotos del ‘caso Castor’

A finales de diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anulaba el procedimiento por el que se estableció la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas de Castor, entre ellas el grupo ACS, presidido por Florentino Pérez.

Esta compensación había sido abonada en 2013 por el operador del mercado del gas, Enagás, y se tradujo en una deuda del sistema gasista a pagar durante 30 años a través del recibo energético de los consumidores.

Sumando los intereses de esta deuda, la factura total que deben pagar los ciudadanos alcanza los 4.731 millones de euros, según los cálculos realizados en 2014 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El proyecto Castor, o almacén gasístico en el subsuelo del Mediterráneo, fue uno de los mayores fiascos del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que ocho años atrás adjudicó a Escal UGS la explotación del almacenamiento frente a las costas de Castellón. La infraestructura nunca llegó a estar oficialmente operativa como almacén. Antes de que pudiera utilizarse como tal, los expertos relacionaron el proyecto con más de 500 terremotos que se registraron en 2013 en el entorno de las costas de Vinaròs (Castellón).

Entonces, ya con el Gobierno del PP y con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Energía, que se encontraron con este ‘regalo’, se decidió pagar a la concesionaria los 1.350 millones en los que se valoró la inversión y realizar al mantenimiento. Pero, además, había que pagar los intereses, con lo que factura que repercutiría a los ciudadanos sería de 2.419.940.000 euros.

Un fiasco con nombre y apellidos

Sin embargo, el fiasco del proyecto Castor tiene nombres y apellidos y uno de ellos, y no el menos importante, es el de la actual ministra del Ministerio de nuevo cuño para la Transición Ecológica, Teresa Ribera Rodríguez. Dentro de su labor de durísima oposición que el PP ha empezado a realizar está el análisis de cada uno de los ministros, y parece que hay para todos: semana a semana van a empezar a salir píldoras de cada uno de ellos.

De momento le ha tocado a Ribera, una Licenciada en Derecho que, pese a no ser Medio Ambiente su materia (es diplomada en Derecho Constitucional), ha tenido mucho poder en estos asuntos: entre 1996 y 2004 [durante todos los gobiernos de José María Aznar] ocupó diferentes puestos en los Ministerios de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente como técnico bajo los gobiernos del PP.

Ya con Zapatero, entre 2004 y 2008 fue directora general de la Oficina Española de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente, y entre 2008 y 2011 fue Secretaria de Estado de Cambio Climático, momentos en los que se tomó la mala decisión del proyecto Castor con la técnica anti-medioambiental del fracking (extracción de los hidrocarburos mediante la utilización de la fracturación hidráulica).

La factura energética que estamos pagando: 28.000 millones

Teresa Ribera no era, pues, una simple técnico, sino la ‘número dos’ de uno de los Ministerios clave para la factura energética, y en este caso para la fractura ecológica. Y eso es lo que está aprovechando el PP, que acusa a la actual ministra de ser una de las responsables de haber dejado a España con un déficit de tarifa energética de 28.000 millones de euros, un incremento del 70% en la factura de la luz para todos los españoles y, más directamente, con la ‘carga de profundidad’ o más bien ‘bomba retardada’ que acabó estallando en forma de proyecto fallido como fue el caso Castor: ella, como secretaria de Estado, fue la que firmó el impacto favorable para ese proyecto.

En las ‘fichas’ que tiene el PP sobre los nuevos ministros, en el caso de Teresa Ribera figura como elemento arrojadizo que Castor no sólo ha generado terremotos que han sacudido Castellón, Tarragona y las costas del Mediterráneo, sino también los bolsillos de los españoles en forma de incremento en la factura del gas.

“Castor ha costado a los españoles lo mismo que diez líneas de AVE”

Según el diputado del PP Teodoro García Egea, “el proyecto Castor ha costado a los españoles lo mismo que diez líneas de AVE”. Así se lo soltó a la cara a la flamante ministra en la primera sesión de control al Gobierno. Pero, además, es que esa decisión de Ribera -al ser la que firmó el impacto favorable del proyecto- fue el origen del incremento en el recibo del gas.

La ministra se defiende argumentando que ese proyecto tuvo una tramitación “enormemente extensa”, con distintas fases en las que “participan muchos y variados actores”, y que la suya se resumió “de forma exclusiva” en la firma de una declaración de impacto ambiental. Ribera, en realidad, echa la culpa a otros, porque asegura que antes hubo un permiso de investigación en septiembre de 1996, una inclusión en la planificación de infraestructuras de electricidad y gas en el año 2002, una autorización de la cesión del permiso a Escal en el año 2003 y la inclusión de esta instalación como urgente y prioritaria para la seguridad del sistema gasista.

Es decir, que la culpa siempre es de los ‘otros’, pero en cuanto a la definitiva evaluación de impacto ambiental, que fue la que ella realizó y dio pie para la aprobación del proyecto, la ministra tira balones fuera: se escuda en que fue “enormemente compleja” y que contó con la participación de más de veinte organismos administrativos, de técnicos de investigación y de todos los municipios y comunidades autónomas que estaban próximas, cosa que no es enteramente correcta.

El hecho cierto es el sobrecoste del proyecto, que los españoles tendremos que pagar en más de 30 años.

Por otro lado, el grupo promotor de la querella por el caso Castor, conformado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, han recurrido a la sala de la Audiencia Nacional el archivo de la causa decidido por la juez Carmen Lamela. Es una decisión que se ha tomado tras el informe de la fiscalía favorable al archivo; un informe que casualmente llegó después de la formación del nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez.