Lunes 17.12.2018
El 70% de los avisos se debe a que fallan

Las pulseras antimaltrato usan tecnología obsoleta y se pueden anular por 8 euros

La señal de las pulseras de localización puede anularse fácilmente con un inhibidor de frecuencia que ronda los 8 euros en Internet.

Inhibidor de frecuencia
Inhibidor de frecuencia

La seguridad de 1.079 mujeres depende de una pulsera. Sus maltratadores, aquellos que las humillaron y vejaron, deben llevarlas 24 horas al día. Gracias al sistema GPS, cuando el agresor se acerca a menos de 500 metros, el dispositivo emite una señal que permite a la Policía personarse en el lugar y tratar de evitar una tragedia mayor. Sin embargo, este tipo de aparatos electrónicos tienen una gran desventaja. La señal puede anularse fácilmente con un inhibidor de frecuencia que ronda los 8 euros en Internet.

El dispositivo está formado por tres elementos: un brazalete  que porta el maltratador en la muñeca o en el tobillo, un equipo GPS que no puede permanecer separado de la pulsera más de siete metros y un dispositivo que lleva la víctima y que es muy similar a un teléfono móvil. Este último permite establecer una comunicación de voz y datos con el Centro de Control, incluye un sistema de localización geográfica por GPS, un botón de pánico para activar en casos de emergencia y un servicio de radiofrecuencia que detecta la proximidad del agresor para advertir tanto a la víctima como al centro si éste se acerca.

Fuentes policiales explican que, a pesar de que gracias a este dispositivo se han logrado salvar muchas vidas, los fallos de este dispositivo son “inasumibles”. “Muchas veces las alarmas saltan sin motivo aparente. El 70% de los avisos es porque fallan estas pulseras, no porque adviertan de la presencia de un maltratador. Esto supone un estrés en la víctima innecesario porque piensa que su agresor está cerca. Y, al contrario, pueden minimizar una amenaza al pensar que la pulsera falla. Además, la señal se pierde de manera muy frecuente, sobre todo si se ha acabado la batería o si el agresor está en un sitio con poca señal. Por otro lado, el hecho de que solo funcione a menos de 500 metros hace que fiscales y jueces no pidan el dispositivo cuando la medida cautelar o pena es inferior esta distancia. Su uso está muy limitado ”, detallan. 

Por otro lado, aunque esta misma semana el Gobierno y Telefónica han llegado a un acuerdo para renovar estos dispositivos, lo cierto es que su tecnología está obsoleta. Los brazaletes fueron adquiridos en 2009 (3.000 en total) a la empresa 3M-EM y utilizan tecnología 2G, aunque ahora se va a implantar 3G. “La tecnología de posicionamiento y radiofrecuencia ha evolucionado mucho desde 2009. Hace una década, hablábamos de 3G, mientras que el 4G no llegó hasta 2012. Es decir, las pulseras que van a hacer ahora se quedaron obsoletas en materia de telefonía hace ya seis años”, se quejan estas fuentes.

No obstante, el mayor problema, reconocen es la facilidad con la que se puede anular la señal a través de inhibidores de frecuencia de GPS. Un simple vistazo en Internet es suficiente para darse cuenta de la gravedad del problema. Se pueden comprar por precios que rondan los 8 euros y con una entrega en 24 horas. Se basan en un circuito que cuenta con un oscilador que genera la señal, un generador de ruido, una etapa de ganancia para dar suficiente potencia a la señal y finalmente una o varias antenas que transmiten lo generado por la placa. 

“Los dispositivos inhibidores de frecuencia sólo pueden ser usados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Administraciones Públicas autorizadas, por lo que, en la actualidad, todos aquellos que se estén utilizando fuera de esta excepción, y sin la autorización expresa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, se encuentran al margen de la legislación vigente, pudiendo aplicarse, en consecuencia, previa denuncia, el correspondiente régimen sancionador por parte del organismo competente. Es decir, la Ley General de Telecomunicaciones, van desde los 500.000 euros en el caso de que se considere una infracción grave y incluso hasta los 20 millones de euros en el caso de que se declarase como una infracción muy grave”, comentan fuentes policiales, pero rápidamente matizan: “Quien vaya a asesinar a su mujer, poco le importa la multa o el hecho de que incluso su venta esté prohibida en España”.

Según el Ministerio de Sanidad, desde 2009 se han instalado 5.245 pulseras, de las que, a septiembre de 2018, permanecen activas 1.079. “No se trata del número, se trata de que con las que estén en circulamiento se pueda garantizar la seguridad de unas mujeres que ven su vida constantemente amenazada. Es necesario invertir más dinero y medios en salvaguardar a aquellas que han tenido el valor de denunciar y de poner su vida en nuestras manos”, concluyen.