lunes 06.04.2020
LA QUIERE EXPLOTAR UNA EMPRESA CON 3.000 EUROS DE CAPITAL SOCIAL

Una mina a cielo abierto de feldespato alerta a los vecinos de la sierra de Ávila

La Junta de Castilla y León ha aprobado una explotación minera que puede suponer graves problemas en la salud de la población de cuatro municipios abulenses y causará fuertes desperfectos en una zona paradisiaca de gran valor ambiental. El proyecto, se confía a empresa llamada Antonio y Javi SL, con 3.010 euros de capital social

Imagen de la Sierra de Ávila (izquierda) y una mina a la cielo abierto (derecha).
Imagen de la Sierra de Ávila (izquierda) y una mina a la cielo abierto (derecha).

El proyecto que pretende construir una mina de feldespato en la Sierra de Ávila pone en jaque el patrimonio medioambiental de una zona que ha sufrido un escaso impacto urbanístico y que con una tradición de más de 300 años de antigüedad en actividades ganaderas. La Junta de Castilla y León ya ha aprobado el proyecto, aunque hasta el 5 noviembre está abierto el plazo de alegaciones. Los derechos de explotación de la finca corresponden a Antonio y Javi S.L, una empresa con un capital social de 3.010 euros, y dedicada al Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco. Además, la compañía podría beneficiarse de una ley franquista de 1973 para expropiar al propietario del terreno.

El caldo de cultivo de este proyecto se remonta al 2008. Fue en ese año cuando varias empresas presentaron sus proyectos de explotación de varias fincas de la Sierra de Ávila. La Sección de Minas de la Junta de Castilla y León concedió los derechos a estas empresas entre las que se encontraba Antonio y Javi S.L. Pero no ha sido hasta pasados 8 años cuando han decidido hacer uso de esos derechos. Es decir, han estado durante este tiempo pagando unas tasas por mantener esta licencia y sin realizar ningún tipo de actividad.

Ahora, en setiembre de 2016 la Junta de Castilla y León ha publicado una orden por la cual informa que la compañía Antonio y Javi S.L, con sede en Madrid, solicita que se inicie el procedimiento del impacto medioambiental que supondría la existencia de una mina de feldespato en las hectáreas de terreno en las cuales tiene derecho de explotación. La Junta también ha anunciado que el 5 de noviembre es la fecha máxima para presentar alegaciones. Por su parte, la empresa ya ha entregado un estudio en el que muestra el escaso impacto que esto supondría, siempre según su valoración.

Un problema que afecta a cuatro municipios

Los pueblos afectados por la posible existencia de la mina a cielo abierto son Sanchorreja, La Torre, Narrillos del Rebollar y Valdecasa. Aunque han tenido muy poco tiempo de reacción, los vecinos de los términos municipales perjudicados ya se han agrupado en torno a una plataforma: “No a la mina en la Sierra de Ávila”.

“Hay muchos especialistas en salud, medio ambiente... que ya han contactado con nosotros y nos han explicado las repercusiones negativas que tiene el proyecto. Ya hemos derivado todos estos estudios a la Junta de Castilla y León en forma de alegaciones para que se tengan en cuenta en el estudio de impacto ambiental”, afirma Juan Carlos Soto, portavoz de la plataforma. En este sentido, expresan su total desacuerdo con el informe medioambiental presentado por la empresa interesa. “Han obviado a la flora y la fauna que existe en la zona para obtener unas condiciones más favorables”, denuncia Soto.

No a la mina

Además de emitir alegaciones, animan al resto de afectados como pudieran ser los ganadores o agricultores de la zona, a presentar también sus quejas antes del 5 noviembre, porque “advierten” de que si es aprobado este proyecto, la Sierra de Ávila puede convertirse en un monte de agujeros por la actividad minera. Por este motivo, también están recogiendo firmas, como una medida más de presión a la Administración.

Según la plataforma, la existencia de una mina a cielo abierto favorece la aparición de cáncer y silicosis. También afirman que se destruirían manantiales y se contaminarían pozos y acuíferos. Además, denuncian que se destruiría muchos empleos de ganaderos y agricultores. “El paisaje natural y el patrimonio histórico de esta zona quedaría muy mermado” explica Soto.

Especular con los derechos

Desde la plataforma no entienden como los derechos de explotación minera fueron concedidos a una empresa que no se dedica a ello y con un capital social que no supera los 3.010 euros. “Tras 30 años de explotación la compañía tiene la obligación de tapar el agujero creado por la actividad minera y eso tiene unos costes muy elevados… En este caso sería 300 veces más que su capital por lo que entendemos que sólo podría llevarlo a cabo a través de avales”, declara Soto.

protesta mina

Otra opción que barajan los afectados es la posibilidad de que la empresa Antonio y Javi S.L esté especulando por la propiedad de los derechos y que finalmente los vendan a otra compañía que sí se dedique a la actividad minera. “No es normal que hayan estado 8 años con una concesión por la que hay que pagar unas tasas periódicamente y no hayan hecho uso de ella hasta este momento”, afirma Soto.

Además, saben que tienen una ley preconstitucional de 1973 a su favor. En la época franquista la minería era de interés nacional y su actividad prevalecía sobre la propiedad. Con lo cual la expropiación era y es obligatoria. Es decir, la persona que tiene los derechos de explotación minera no tiene por qué pagar económicamente al propietario de las tierras. En vez de darles dinero pueden ofrecerles unas tierras en otra zona.

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