miércoles 27.05.2020
Fue asiduo de la escuela jurídica del comisario

Villarejo 'coloca' a un juez amigo en la cima de la cúpula judicial: Marchena

Fue profesor en Schola Iuris, un instituto de práctica jurídica controlado por el comisario Villarejo. Curiosamente, fue uno de los jueces que condenó a Garzón, amigo del policía, a 11 años de inhabilitación.

Marchena
Marchena

Manuel Marchena ha sido finalmente el elegido por el Gobierno y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo y se convertirá así en el máximo representante del Poder Judicial español, en sustitución de Carlos Lesmes, quien termina su mandato en diciembre. A pesar de ser un candidato de consenso, el magistrado es una figura polémica, cuyo pasado podría poner en riesgo la tan pretendida estabilidad que buscaban los dos principales partidos políticos. 

De esta forma, Marchena fue un asiduo profesor del instituto Schola Iuris, controlado por dos de los socios del excomisario José Manuel Villarejo Pérez, hoy en prisión provisional. El policía utilizó durante años su influencia con jueces y fiscales, según el mismo se jactaba, para conseguir sus objetivos. Dada la obsesión de Villarejo con las grabaciones, no sería de extrañar que pudiera aparecer algún audio en el que se escuchara al magistrado. 

No fue el único en participar como profesor en el master que ofertaba el instituto. José Manuel Maza Martín, Manuel Moix o el polémico policía José Luis Olivera aparecían también como docentes de Schola Iuris, del que el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo alertó sobre las irregularidades que se producían, denuncias que nunca se tramitaron.

Curiosamente, esta afinidad con Villarejo no le impidió acabar con la carrera judicial de uno de los grandes amigos del expolicía. Marchena fue uno de los jueces del Tribunal Supremo que condenaron a 11 años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón.  

Tras la inhabilitación, en mayo de 2012 un grupo de juristas denunció ante el Consejo General del Poder Judicial las sospechosas compañías que frecuentaban algunos de los magistrados del Supremo, en concreto las de abogados de implicados en la ‘trama Gürtel’ con quienes compartían actividades académicas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid patrocinadas por empresas que mantenían alguna vinculación con esos mismos imputados. Entre los nombres que se señalaron estaba precisamente el de Marchena.

En un ardid, que parecía cargado de buenas intenciones, Marchena dio un segundo ‘estocazo’ a Garzón. De esta forma, archivó por prescripción la causa que seguía contra Baltasar Garzón por los patrocinios de unos cursos en la Universidad de Nueva York. El instructor puso en tela de juicio la honorabilidad del exjuez, al considerar acreditado que este reclamó dinero a diversas empresas españolas para patrocinar una serie de conferencias en Nueva York, pero no le dejó defenderse porque archivó la causa al considerar que ese delito ya no se puede perseguir.

Marchena (Las Palmas, 1959), sacó su plaza como fiscal en 1985 y aterrizó en el Alto Tribunal en 2007, tras ejercer como fiscal en distintos destinos durante casi dos décadas. En 2014 fue nombrado presidente de la Sala Segunda con 11 votos a favor, entre ellos los del PP.  Fue precisamente allí donde se volvió a ver envuelto en polémica cuando condenó en 2017 a César Augusto Montaña Lehmann (César Strawberry), cantante del grupo Def con Dos, anulando la absolución dictada meses antes por la Audiencia Nacional, por los mensajes publicados por el cantante en la red social Twitter.

Además, Marchena es uno de los cinco integrantes de la Sala de Admisión del Alto Tribunal, es decir, uno de los magistrados que decidió archivar el caso de máster de Pablo Casado, del que sólo cursó 4 de 22 asignaturas. El archivo se produjo pese a que el Supremo apreció indicios de "trato de favor" en la concesión de este título a Casado, entonces diputado en la Asamblea de Madrid. 

Su nombramiento ha sido duramente criticado por las tres principales organizaciones de jueces y magistrados ya que, según ellos, con la elección se incumplen las previsiones constitucionales que establecen que son los vocales y no los partidos quienes eligen este cargo por votación. El portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González, ha asegurado que "transmite una mala imagen de la justicia" que sean los partidos quienes, nuevamente, elijan al nuevo presidente, en este caso, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena.

Por su parte, Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, ha insistido en que es "un procedimiento ilegal porque está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial" que son los vocales quienes designan al presidente. "Que ya se sepa quién va a ser presidente sin que se sepa quiénes son los vocales y sin que los vocales hayan votado, nos parece una aberración. El sistema se perpetúa y volvemos a tener otros cinco años con sombras sobre la independencia de la justicia en España", ha apostillado-

Por último, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, ha lamentado que "desde el primer mandato en 1985" no se ha respetado el sistema que, a su juicio, debería regir "por pura coherencia constitucional" y es que "la designación tanto de los vocales como de su presidente sea impulsada por la carrera judicial".