viernes 18.10.2019

Madrid reclama al Estado 7 millones que tuvo que pagar por una justicia lenta

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido acudir a los tribunales para reclamar al Estado que le abone 7 millones de euros que tuvo que pagar porque la administración de Justicia tardó casi 10 años en resolver un litigio con un particular. Quien ha acudido a los tribunales ahora ha sido el gobierno municipal que preside Alberto Ruiz-Gallardón, que en su reunión de esta semana ha aprobado la presentación de un recurso contencioso administrativo contra una resolución del Ministerio de Justicia que inadmitió su reclamación por ese dinero, pero el origen del problema se remonta a hace más de tres décadas.

En 1978 los depósitos municipales de vehículos estaban repletos y el Ayuntamiento firmó un contrato con el propietario de una de estas instalaciones en la vecina localidad de Majadahonda para llevar hasta allí tanto los coches retirados por la grúa municipal como los que le llegaban por decisiones judiciales, por ejemplo como prueba en un caso.

Tras nueve años, el Ayuntamiento decidió resolver el contrato y todos los coches enviados hasta Majadahonda por la grúa fueron retirados, pero quedaron allí los procedentes de decisiones judiciales, han explicado fuentes municipales.

A finales de ese año se pidió autorización a un juzgado para retirar esos vehículos y convertirlos en chatarra, pero al no haber respuesta en 1989 permanecían 450 coches en Majadahonda por los que el Ayuntamiento de Madrid seguía pagando una cuota.

Pleito al Ayuntamiento

En 1989 el aparcamiento cambió de titularidad y el nuevo dueño pleiteó con el Ayuntamiento para cobrar los gastos que aseguraba que le correspondían por la estancia de los vehículos.

Varios años después, en 1998, el propietario admitió la retirada de los coches y un juez autorizó que por fin se convirtieran en chatarra, y el 7 de noviembre del 2007 una sentencia firme del Tribunal Supremo obligó al Ayuntamiento a pagar al dueño del aparcamiento 6.993.019 euros en concepto de gastos de "estancia y pupilaje" de vehículos en situación judicial.

El Ayuntamiento de Madrid acató la sentencia y ordenó el pago, pero se dirigió al Ministerio de Justicia por vía administrativa para reclamarle que le abone la cantidad que ha tenido que desembolsar porque considera que la administración judicial ha tardado demasiado en resolver el litigio.

Madrid reclama al Estado 7 millones que tuvo que pagar por una justicia lenta