domingo 15.12.2019
UN DELITO PRESUNTAMENTE COMETIDO EN 2010

El juzgado investiga una operación cerrada en la notaría del alcalde de Estepona

La notaría de José María García Urbano, alcalde y candidato del PP en Estepona, está inmersa en la investigación de un juzgado por una presunta estafa. En el despacho del hoy alcalde se ventiló una venta que se investiga como fraudulenta del patrimonio de un empresario madrileño enemistado con el abogado y exfiscal Ignacio Peláez. El alcalde reconoció a la UDYCO que el negocio se lo trajo el mismo Peláez

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, candidato del PP.
El alcalde de Estepona, José María García Urbano, candidato del PP.

La notaría de José María García Urbano, alcalde de Estepona y candidato por el PP, está aún bajo investigación en unas diligencias abiertas por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) y que se tramitan en los juzgados de Estepona. En la notaría del alcalde se despachó un negocio que está denunciado por estafa y falsificación. El alcalde de Estepona aseguró a la Policía que esta operación le llegó “por medio del abogado de Madrid Ignacio Peláez”. Peláez, exfiscal de la Audiencia Nacional, saltó a la fama por lograr la inhabilitación del juez Garzón.

El abogado Ignacio Peláez está acusado de participar en una maniobra para sustraer los bienes de un antiguo socio suyo, Carlos Gómez, empresario, profesional y expresidente de su organización colegial. La denuncia de Gómez dio pie a la investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), elevada al juez de Estepona que instruye la causa. Se trataría de un delito que se conoce en el argot como “de abogado”. Carlos Gómez tenía buena parte de su patrimonio a nombre de tres de sus empresas. Sin que él supiera nada, se convocaron juntas, se le revocó del cargo y se vendió dos veces sucesivas el patrimonio de las sociedades. Los compradores fueron, según la denuncia, varias personas de León con antecedentes penales vinculados de diferentes maneras a Ignacio Peláez y su trabajo de abogado.

Todas las operaciones se llevaron a cabo en la notaría de José María García Urbano, en Estepona. Este notario, hoy alcalde de la localidad malagueña y candidato del PP, reconoció en su declaración a la policía que esta operación le llegó “a través de un abogado de Madrid, Ignacio Peláez”. El juez aún no ha decidido la imputación del conocido letrado.

Las propiedades arrebatadas a Gómez son dos chales en Cabo de Palo, en Murcia, otro en Marbella, Málaga, y un solar edificable en Getafe. Los hilos habrían sido movidos por Mariano Ortiz Pérez, socio de Carlos Gómez y amigo de Ignacio Peláez. Ortiz Pérez habría actuado gracias a un poder notarial, con el que convocó una junta general y nombró nuevos administradores de las sociedades. En su declaración ante el juez, Ortiz Pérez afirmó que Peláez le recomendó que hiciera la operación con un notario de Estepona, que no fue otro que el alcalde y candidato del PP, y aseguró que el abogado viajó con él allí para formalizar la operación.

Ortiz nombró como administrador de las empresas a Eduardo del Valle, que luego vendió las propiedades a Tendencias Oven, administrada por José Luis Barreiro, y este luego las pasó a Proyectos Junio VI, que entonces administraba José Manuel Pintado. La venta a los hermanos Pintado Palomo se hizo en Palma de Mallorca. José Manuel Pintado Palomo y su hermano Timoteo, leoneses, fueron juzgados y absueltos en un caso que investigó el atentado contra la vida del consejero de Obras Públicas José Cuiña (fallecido) por encargo del empresario José Martínez Núñez.

Peláez acusó al empresario Carlos Gómez de ser un estafador profesional y de querer “ensuciarle”.

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