sábado 19.10.2019
Murieron otros cinco en la explosión de 2011

La Justicia no reabre el caso de los militares heridos en Hoyo pese a nuevas revelaciones

Los dos especialistas en desactivación de explosivos afectados por la detonación en febrero de 2011, en la que murieron cinco militares, han presentado un recurso de queja tras la denegación de reapertura de su caso. Un nuevo informe pericial revela posibles negligencias no contempladas hasta ahora

El teniente José Manuel Candón y el brigada Raúl González, en el día de su despedida oficial. | Imagen cedida por José Manuel Candón
El teniente José Manuel Candón y el brigada Raúl González, en el día de su despedida oficial. | Imagen cedida por José Manuel Candón

Dos de los supervivientes de la explosión en el campo de maniobras de Hoyo de Manzanares, cuyo séptimo aniversario se cumplirá en un mes, continúan su lucha para conseguir que se esclarezca qué provocó el fatídico estallido que acabó con la vida de cinco militares y dejó secuelas gravísimas en ellos dos. El teniente José Manuel Candón y el brigada Raúl Alfonso González, miembros del cuerpo de Infantería de Marina y expertos en desactivación de explosivos (EOD), quieren que la Justicia revise la investigación que se realizó tras la explosión, que comenzó en 2011 y se cerró y archivó en 2013 “sin declaración de responsabilidad penal alguna”. Un nuevo informe aporta datos y testigos clave que, a su parecer, deben ser tenidos en cuenta para esclarecer qué ocurrió para que se produjera la explosión.

Un experto perito, ingeniero de Minas y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, se ha encargado de analizar todas los datos aportados por las partes. Tras conocer sus conclusiones, los dos militares consideran que existen datos y aportaciones de ese informe que no fueron tenidas en cuenta en su momento. Hasta el punto de que “no quedan descartados claros indicios de responsabilidad penal por acción u omisión, que debieron ser aclarados, así como cuestiones sin resolver, que el personal responsable de la Academia de Ingenieros debe dar adecuada respuesta”, según recoge la solicitud de reapertura del caso que presentó el abogado de los dos infantes de Marina.

El teniente Candón y el brigada Raúl González, en una exposición con material para la desactivación de explosivos.

El teniente Candón y el brigada Raúl González, en una exposición con material para la desactivación de explosivos. | Imagen cedida por José Manuel Candón

En primer lugar, el nuevo informe pone en cuestión cómo fueron tratadas las cargas explosivas, lo que se conoce como cadena de custodia del material, una información que no se tuvo en cuenta en las diligencias previas del caso, que se instruyó durante dos años hasta que finalmente fue cerrado. La jueza en ese momento solo tuvo en cuenta el informe del Ejército de Tierra realizado al respecto y el de los expertos en explosivos de la Guardia Civil que, sin embargo, sí apuntaba a la posibilidad de posibles negligencias constitutivas de delito. En ese momento, ni el juez ni el fiscal decidieron investigar esa cadena de custodia, sobre la que ahora, con el nuevo informe pericial en la mano, planean varias dudas.

¿Quién custodiaba los explosivos?

La entrega de las cargas explosivas se realizó el día 21 de febrero de 2011 en El Viso, pero los militares que realizaron las prácticas que acabaron con la mortal explosión no las recibieron hasta el día 24. Durante ese tiempo, estuvieron bajo el control de la Brigada ‘Guadarrama’ XII. En el expediente judicial, no aparece información sobre quién pudo manipular esas cargas, dónde y cómo estuvieron almacenadas o si su transporte fue seguro, según apunta el informe pericial.

De este modo, la defensa de los dos militares alega que “se han podido incumplir por negligencia u omisión, normas de seguridad y control que han puesto en grave peligro la vida y la integridad física de los trabajadores”. En este punto, el informe pericial pone de manifiesto el "concurrente y sistemático incumplimiento del RD militar de Prevención de Riesgos Laborales así como la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales", apunta el perito en su informe.

La defensa cita a dos “testigos directos”, cabos primeros de Infantería de Marina, a quienes no se tomó declaración durante la instrucción de este caso y que “pudieran aportar datos esenciales sobre estos aspectos y otros que no se han tenido en consideración en la investigación de los hechos”.

¿De dónde salió la carga HL-200?

En la documentación, no hay ni rastro de la que fue considerada la principal causante de la explosión durante la investigación realizada de 2011 a 2013: la carga hueca HL-200 de 18,5 kilos. En los informes de entrega de los explosivos en El Viso no aparece ninguna referencia a la HL-200 ni al trípode en el que se coloca. 

En la investigación, se consideró que esta carga fue la causante de la explosión tras caer sobre la primera mina (que se encontraba espoletada y no activada, es decir, sin posibilidad de activarse si todo estuviera correcto). Así, el informe pericial plantea cuál fue el origen de esa carga explosiva y deja sobre la mesa la posibilidad de que este material procediera de otra unidad o de excedentes de prácticas anteriores. 

Minas fabricadas en 1974

Otro de los aspectos que se valoró durante la investigación fue el estado en el que se encontraban las minas con las que se realizaron las prácticas en el campo de ‘El Palancar’ de Hoyo de Manzanares. La práctica consistía en destruir ocho minas C3B de Expal, minas anticarro que solo se activan con una presión superior a los 145 kilos en caso de estar espoletada y activada y 300, en caso de estar espoletadas y no activadas, como era el caso. De hecho, el informe de los expertos de explosivos de la Guardia Civil, los EDAX, concluyó que estas minas no se pudieron “activar espontáneamente, precisamente por su estabilidad”.

Por ello, el nuevo informe pericial llega a la conclusión de que los explosivos tuvieran fallos en sus mecanismos de seguridad tras haber sido alargada su vida útil en varias ocasiones (desde su fabricación en 1974) o que “había algún elemento detonante enterrado o semienterrado” de algún ejercicio anterior.

No en vano, también se pone de manifiesto la situación en la que se encontraban las minas. En diciembre del año 2010, esas minas tenían la consideración de "estado 40", la fórmula técnica empleada por el Ejército de Tierra para apuntar a que esas minas eran inútiles y, por tanto, no utilizables en prácticas. De hecho, deberían haberse destruido por un procedimiento especial y, pese a ello, fueron entregadas a los militares para realizar esas prácticas, destaca el informe. 

Rechazo de la Justicia Militar

Todas estas revelaciones no han sido valoradas como un “hecho nuevo” por la titular del Juzgado Togado Militar número 11, que ha denegado esa reapertura. La jueza considera que no se trata de “un hecho nuevo sino que pretende insistir en aspectos que ya fueron examinados en el auto de archivo de diligencias previas”, tanto por ella misma como por la instancia superior, el Tribunal Militar Territorial Primero.

La jueza además desacredita el informe pericial que ofrece “una valoración u opinión diferente” por el hecho de ser “de parte” y tira por tierra la posibilidad de ser tenido en cuenta en la actualidad. Además, con una falta de sensibilidad manifiesta hacia los afectados, les achaca no haber llevado este informe pericial durante las diligencias previas y considera que el estado en el que se encontraban los dos militares sea suficiente “para justificar su no aportación en ese momento”.

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El estado de los heridos tras la explosión era gravísimo. | Imagen cedida por José Manuel Candón 

El teniente Candón tiene una discapacidad del 97%, perdió un ojo y la visión en parte del otro, ha sido intervenido en 35 ocasiones y las consecuencias de la explosión y la metralla son visibles en su piel. El brigada González tiene una discapacidad del 79% y se le han realizado 15 operaciones.

Ahora, los dos militares han presentado un recurso de queja para que el Tribunal Territorial Militar número 1 valore si el caso debería ser reabierto para tener en cuenta estas nuevas informaciones y testigos que podrían dar un giro a la resolución del caso. Es la última oportunidad que les ofrece la Jusicia Militar española. 

La Justicia no reabre el caso de los militares heridos en Hoyo pese a nuevas revelaciones
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