lunes 09.12.2019
APLICACIóN DE LA ‘DOCTRINA PAROT’

Interior acusa a la Ertzaintza de permitir homenajear etarras

Jorge Fernández asegura que este tipo de actos en el País Vasco con la Guardia Civil y la Policía Nacional no se hubieran producido

Jorge Fernandez Díaz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Jorge Fernandez Díaz, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro del Interior, Jorge Fernández, parece tener clara cuál es la razón de que en estas últimas semanas en el País Vasco haya rebrotado la ‘kale borroka’ y se hayan multiplicado los homenajes a los expresos de ETA que están volviendo a sus casas después de la anulación de la ‘doctrina Parto’: la inacción de la Ertzaintza. “Si la competencia fuera de la Guardia Civil o de la Policía Nacional esto no se hubiera producido”. Así de contundente se ha mostrado el titular de Interior en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Una argumentación en la misma línea de la empleada esta misma mañana por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, en una entrevista concedida a Radio Nacional donde ha informado de la denuncia que había interpuesto en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por seis actos conmemorativos a expresos de ETA, en los que según Urquijo no estaba la policía autonómica vasca. “Es evidente que en el País Vasco quien tiene la competencia en materia de orden público es la Ertzaintza. Les aseguro que si fuera la Policía o la Guardia Civil eso no hubiera ocurrido; y prefiero quedarme ahí y no ir más allá”, ha zanjado el ministro del Interior en tono amenazante.

Pero, “¿qué hubiera hecho la Guardia Civil y lo Policía Nacional diferente a la Ertzaintza?”. Esta ha sido la siguiente pregunta de los periodistas. “No se hubiera producido porque yo hubiera dado órdenes para que así hubiera sido. La Guardia Civil y la Policía Nacional saben perfectamente como tienen que actuar en esos casos. Están perfectamente preparados. Lo lamento, pero en el País Vasco no es mi responsabilidad. Respeto el reparto competencial”, ha respondido Fernández indignado.

Está claro que la aplicación de la sentencia de Estrasburgo sobre la anulación de la ‘doctrina Parot’ se le está atragantando al Gobierno de Mariano Rajoy. Desde el primer momento en el que se anunció que el Ejecutivo ‘popular’ acataría el fallo europeo, el ministro de Interior y el presidente del Gobierno han repetido por activa y por pasiva que no se permitirían homenajes a los expresos ni actos de humillación a las víctimas, pero por lo que ha explicado Fernández, en el País Vasco, el destino frecuente de etarras, ellos no tienen competencia. Así pues, y a modo de excusa, el ministro del Interior ha explicado el procedimiento habitual en estos casos. Una vez los tribunales comunican su decisión de dejar libres a un preso, como los centros penitenciarios están obligados a facilitarles los recursos económicos para trasladarles a su destino, el Gobierno tiene conocimiento de donde va a ir. En ese momento se avisa a la delegación de Gobierno de destino y a la Policía para que estén atentos. Claro que esto no funciona para el caso concreto de Euskadi, donde la policía autonómica tiene la competencia.

Las críticas de las víctimas no cesan y el Gobierno ha decidido rebajar la presión que se posa sobre sus hombros señalando a un culpable: la Ertzaintza. Este jueves, en rueda de prensa desde La Moncloa, Rajoy aseguró que su Ejecutivo intentará evitar estos homenajes por “vía administrativa” y si no puede lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes cuando vea que existe "algún acto donde se incumple la Ley".

En este sentido, justo este viernes se ha dado luz verde al anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana en la que se tipifica como falta grave con sanciones entre 1.001 euros y 30.000 euros  las exhibiciones de fotos u homenajes a terroristas cuando estos actos no sean constitutivos de delito contmplados en el Código Penal.

Ya son 57, contando al asesino de las niñas de Alcásser acordada su puesta en libertad este viernes, los asesinos excarcelados por la Audiencia Nacional después de la anulación de la ‘doctrina Parot’. En un principio, el Ejecutivo aseguró que la aplicación de la sentencia de Estrasburgo sólo afectaría a Inés del Río, la demandante, y que a partir de ahí se estudiaría caso por caso. La intención clara de Rajoy era evitar la polémica estampa que se está produciendo en estas últimas semanas de ver a numerosos presos de ETA abandonando las cárceles a la vez; pero finalmente no ha sido así. El Ejecutivo sigue insistiendo en su desazón por esta decisión del Tribunal de Estrasburgo, pero recuerda que no tiene otra opción.

En relación a la noticia del día, la excarcelación de Miguel Ricart, el ministro de Interior ha asegurado que su departamento se va a coordinar con la Fiscalía para garantizar la seguridad de la gente. "Somos conscientes desde el Gobierno de la alarma social y el rechazo que estas situaciones están comportando", ha reconocido.

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