lunes 21.10.2019

El Gobierno estudia "ajustes" sobre la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional

El Gobierno español reconoció ayer que estudia "desde hace tiempo" introducir "ajustes" sobre "cómo se ejerce" la acción de la jurisdicción universal de los tribunales, pero aclaró que no pretende "abolir, limitar o restringir" este principio, informó hoy a Europa Press un portavoz de Moncloa.

El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero reaccionó así a la información publicada hoy en los medios de comunicación israelíes, según la cual el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, indicó a su colega israelí, Tzipi Livni, que el Gobierno quiere reformar la ley que ha permitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigar a siete militares israelíes por un bombardeo sobre Gaza en 2002 en el que murieron 14 civiles, además de un líder de Hamás.

El portavoz, que confirmó que Moratinos habló hoy con Livni, admitió que "desde hace tiempo se viene estudiando, en el ámbito de lo que son las reformas procesales, ajustes" sobre "cómo se ejerce" la acción de la jurisdicción universal.

Subrayó que "no se trata de abolir, limitar o restringir la jurisdicción universal" que, remarcó, constituye una "seña de identidad del ordenamiento jurídico español", como demuestra el hecho de que esté recogido en este ordenamiento "desde 1870".

SIN EFECTO RETROACTIVO

Precisó asimismo que estos "ajustes procesales", sobre los que se está trabajando sin contar con un plazo concreto, "no tendrían en ningún caso efecto retroactivo", por lo que no podrían afectar a la querella admitida a trámite por Andreu esta semana.

Según la radio militar israelí, Moratinos indicó a Livni que la eventual reforma de la ley que regula la jurisdicción universal no llegaría a tiempo para afectar a este caso, pero aseguró que aun así su departamento intentaría anular la investigación.

Moratinos y Livni también hablaron anteayer por la noche. Según informó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el jefe de la diplomacia española se comprometió a hacer "todo lo posible" para contribuir a alcanzar una "solución satisfactoria" en este caso, eso sí, siempre dentro de los límites que le marca el "respeto" del Gobierno a la "justicia".

Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio, terrorismo u otros crímenes contra las personas cometidos en conflictos armados fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, respectivamente, que sentaron jurisprudencia.

El Gobierno estudia "ajustes" sobre la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional