Viernes 19.04.2019

Los Franco piden al Supremo que impida exhumar al dictador el 10 de junio

La Fundación Francisco Franco y la familia del dictador han pedido al Tribunal Supremo que impida los planes del Gobierno de exhumar el próximo 10 de junio sus restos enterrados en la Basílica del Valle de los Caídos, tal y como acordó el Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo, para reinhumarlos después en el Cementerio de El Pardo

En sendos escritos presentados ante la Sala Tercera del Supremo, la familia Franco y la fundación que lleva su nombre amplían los recursos que presentaron en su día contra las medidas adoptadas por el Gobierno el 15 de febrero para avanzar en la retirada de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

El Ejecutivo puso fecha para la reinhumación el 10 de junio al entender que el silencio de los familiares a la hora de designar un lugar alternativo a la cripta de la Catedral de La Almudena para el nuevo enterramiento le facultaba para fijar unilateralmente dónde irían los restos del dictador.

Sin embargo, ellos aseguran al Tribunal Supremo que "es absoluta y rotundamente falso" que hayan rechazado designar ese lugar alternativo, puesto que su recurso para la suspensión cautelar de la medida fue presentado ante este mismo tribunal antes de que se cumpliera el plazo de quince días concedido por el Gobierno a fin de que se pronunciaran.

Y añaden que sólo si el tribunal desestimase su recurso, señalarán un lugar alternativo para reubicar los restos de su abuelo.

El escrito de la Fundación Francisco Franco apunta que "después de 44 años ahí enterrado, en paz, no tiene sentido de justicia material no esperar a que durante los próximos meses, una vez concluso el procedimiento, se dicte sentencia sobre el fondo".

Porque si el Supremo estimara su recurso "obligaría a volver a enterrar en el Valle de los Caídos lo que, con prisa electoralista y no justificada, se ha sacado" y con "tremendo daño a la dignidad humana y al derecho", advierte.

El recurso de los familiares encabezados por la nieta del dictador, Carmen Martínez-Bordiú incide en las "vulneraciones de la legalidad ordinaria" que ha cometido el Gobierno con su última decisión y hace hincapié en que ellos no son titulares de la cripta del cementerio de El Pardo-Mingorrubio a la que el Ejecutivo quiere llevar a Franco.

Se trata de un recinto propiedad de Patrimonio Nacional, que además, recuerdan, reclamó los derechos funerarios sobre el lugar un mes antes del decreto-ley que el 28 de agosto inició todo el procedimiento.

Ello "evidencia la idea preconcebida" de querer enterrarlo allí, sostienen los familiares, para quienes la fecha del 10 de junio fijada por el Consejo de Ministros evidencia "la inexistencia de la extraordinaria y urgente necesidad" que supuestamente motivó ese decreto, tras 44 años enterrado en el Valle de los Caídos.

Un decreto-ley que además entienden que vulnera el principio de igualdad por tratarse de una "ley singular, de caso único" ya que únicamente pretende exhumar los restos de Franco. 

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