Lunes 19.11.2018

Fiscalía pide imputar e interrogar al Gordo sobre temas que no son secretos

La Fiscalía ha pedido al juez del caso Tándem, Diego de Egea, que impute al comisario Enrique García Castaño, El Gordo, considerado mano derecha de José Villarejo, en las piezas Land y Iron para citarle a declarar en ese contexto que, a su juicio, no afecta a la revelación de secretos de Estado

El motivo de esta petición radica en que el juez aún no ha resuelto la solicitud que le hizo García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, de poder "declarar libremente sin las prohibiciones impuestas por la Ley de Secretos Oficiales" y "por la Ley de Gastos Reservados" en relación al uso de fondos reservados en operaciones policiales".

Por ello y para poder seguir avanzando en la investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto que se le impute en Land -sobre los conflictos en la herencia del promotor de la urbanización de lujo La Finca- y Iron -relativo a un encargo a Villarejo de un bufete de abogados- para poder tomarle declaración en esas dos piezas, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La Fiscalía entiende que estas dos piezas en las que se investiga a Villarejo por esos encargos determinados y en los que los investigadores creen que colaboró El Gordo, al haber aparecido en ambos casos referencias a BIG -apelativo con el también se le conocería-, no están vinculadas a ningún secreto de Estado, por lo que podría declarar sin necesidad de ser autorizado para ello.

García Castaño fue detenido e 12 julio por su presunta implicación en la red de Villarejo coincidiendo en el tiempo con la primera filtración de grabaciones del excomisario, la que hizo a la amiga de Juan Carlos I Corinna zu Sayn-Wittgenstein, si bien quedó desmentido que ambas circunstancias tuvieran relación.

Tras tomarle declaración y en contra del criterio de Anticorrupción, que pidió su ingreso en prisión, De Egea lo dejó en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales en el juzgado más próximo, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España sin autorización judicial.

Pocos días después la Fiscalía recurrió su puesta en libertad y finalmente la sección cuarta de lo Penal desestimó el recurso el 10 de agosto atendiendo a la enfermedad que padece, si bien permanece imputado en la causa por organización criminal, blanqueo de capitales, revelación de secretos y cohecho.