lunes 14.10.2019

Los etarras acusados de atentar en la T-4 se niegan a declarar y alegan "torturas"

El fiscal imputa a los supuestos miembros de ETA dos delitos de asesinato y 41 de tentativa de asesinato por el atentado de Barajas

Los etarras acusados de atentar en la T-4 se niegan a declarar y alegan "torturas"
Los etarras acusados de atentar en la T-4 se niegan a declarar y alegan "torturas"

Los supuestos etarras Mattin Sarasola, Mikel San Sebastián e Igor Portu, para los que el fiscal pide 900 años de cárcel por perpetrar el atentado de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre del 2006, se han negado este lunes a declarar ante el tribunal que les juzga por considerarlo "fascista" y tolerante con las "torturas".

Así lo han expresado los tres acusados en la primera sesión del juicio que ha comenzado en la Audiencia Nacional a los que el fiscal imputa dos delitos de asesinato terrorista, 41 de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas por el atentado cometido contra la T-4 de Barajas con el que ETA rompió su última tregua y en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.

Sarasola ha sido el primero en acogerse a su derecho de no declarar, tras lo cual ha asegurado que no iba a participar en la vista por considerar al tribunal que les juzga "fascista", mientras que Portu ha incidido a continuación que todo "lo que debiera decir" durante la vista ya lo hizo "bajo torturas". Tampoco San Sebastián ha reconocido al tribunal porque, ha dicho, "admite las torturas".

15 testigos

Después de los presuntos etarras, han comparecido 15 testigos, uno de ellos el propietario de la furgoneta que la banda utilizó en el atentado y al que los tres acusados secuestraron desde la noche del 27 de diciembre del 2006 hasta que le liberaron el día 30.

Según su testimonio, esa noche estaba en su vehículo estacionado en un aparcamiento de caravanas en Luz Ardiden (Francia) cuando tres encapuchados abrieron la puerta y, tras advertirle de que eran de ETA y que "esto iba en serio", le apuntaron con un arma, le cubrieron la cabeza y le esposaron.

Transcurrida una hora, le trasladaron al maletero de un turismo desde el cual "estuvieron cambiando de sitios" durante los tres días, en los que la víctima sólo escuchó a uno de los presuntos terroristas dirigirse a él ya que, según ha explicado, entre ellos se comunicaban con silbidos.

Su testimonio ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, para reprenderle por tutear al fiscal, y le ha pedido que se dirija al Ministerio Público y al resto de acusaciones con "respeto" y que "no se le escape más".

Previamente, diversos agentes de la Policía Nacional y Local han coincidido en asegurar que los datos facilitados sobre la matrícula estaban equivocados, aunque no han podido precisar si el error provino de la llamada de aviso de la colocación del artefacto o de quien los tomó.

Según el escrito del fiscal, a las 07:53 del 30 de diciembre del 2006, Portu avisó con un móvil a la DYA de la colocación de la furgoneta, tres minutos más tarde llamó a los bomberos de Madrid, y a las 08:35 a la central SOS/DEIAK de San Sebastián desde una cabina telefónica.

A las 08:45 horas se localizó la furgoneta y se desalojó el aparcamiento, y un minuto antes de las 9:00 se produjo la explosión, en la que murieron Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, otras 41 personas resultaron heridas y 313 vehículos sufrieron daños.

Una explosión "enorme" que, según uno de los policías, se produjo antes de que quisieran "darse cuenta" y con la que el aparcamiento de la T-4 "se vino abajo".

En el módulo D del edificio se encontraba otra de las testigos, una policía local que en aquel momento "no sabía que estaba embarazada" y que el atentado le produjo, entre otras secuelas, un embarazo de riesgo y lesiones lumbares por las que ha tenido que ser operada.

Nueva prueba pericial caligráfica

Antes de comenzar los interrogatorios, Guevara ha dado traslado a las partes de una nueva prueba pericial caligráfica realizada por la Guardia Civil para comprobar si la anotación manuscrita de un número de teléfono de los Bomberos de Madrid hallado en el domicilio de San Sebastián estaba escrita por él.

Tanto el fiscal -que pide además indemnizaciones de 500.000 euros por cada uno de los fallecidos- como las ocho acusaciones particulares personadas y la popular -ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-, además de la Abogacía del Estado, no se han opuesto a que este nuevo informe pericial se incluya en la causa y se cite para testificar en la vista al agente que la hizo.

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