jueves 12.12.2019

El Defensor del Pueblo alerta del aumento de los intentos de suicido en las prisiones masificadas

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, alerta en su informe correspondiente al 2008 del "endurecimiento de las condiciones de vida en prisión como consecuencia de la creciente masificación que se sufre en su interior", circunstancia que se pone de manifiesto en el incremento de los intentos de suicidio. En el informe, hecho público este lunes, Múgica recuerda que a finales del 2008 el número de presos en España era de 73.589 -67.666 hombres y 5.923 mujeres- y señala que, en cinco años, la población penitenciaria ha crecido en casi un tercio.

"Hay 6.492 reclusos más que hace un año, y 17.573 más que hace cinco. Si en el 2007 el sistema debía atender a un 20 por ciento de personas más que hacía 4 años, ahora debe atender a más de un 30 por ciento más que hace 5 años", afirma el Defensor del Pueblo.

Pero, además, por cada uno por ciento de incremento de la población penitenciaria, se ha producido un incremento del tres por ciento en el número de intentos de suicidio.

Esto supone que "crece tres veces más rápido el número de intentos de suicidio que el de la población penitenciaria. Dato que sin duda pone en evidencia, de forma dramática, el endurecimiento de las condiciones de vida en prisión como consecuencia de la creciente masificación que se sufre en su interior".

El Defensor del Pueblo vuelve a aludir a la masificación de las cárceles al hablar de las celdas compartidas por varios reclusos y apuesta por combatir esta situación potenciando los llamados "módulos de respeto", con celdas abiertas y en los que los reclusos participan en la organización y se comprometen por escrito a respetar ciertas normas de convivencia.

Maltratadores que llaman a sus víctimas desde la cárcel

Múgica también se hace eco en su informe de una noticia según la cual se habían producido casos en los que internos de varios centros penitenciarios condenados por delitos de violencia en el ámbito familiar habrían efectuado llamadas telefónicas desde la propia cárcel, probablemente a través de teléfonos móviles, en las que habían amenazado a sus víctimas.

La Administración penitenciaria confirmó que, en efecto, se habían detectado llamadas de internos a sus víctimas, bien a través de móviles introducidos clandestinamente o desde las cabinas de las cárceles en casos en los que, por una u otra razón, no había sido posible registrar los números de teléfono de las mujeres como "no autorizados".

El Defensor del Pueblo considera que, ante esta situación, "la solución definitiva a estos graves problemas es la instalación de inhibidores de frecuencia para impedir el funcionamiento de los teléfonos móviles en todos los centros penitenciarios".

"La Administración así lo asume, y está procediendo a la instalación de los mismos", concluye el informe.

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