lunes 06.04.2020

La Comunidad de Madrid investigará los cursos para "curar" la homosexualidad

La Comunidad de Madrid investigará los cursos para "curar" la homosexualidad impartidos supuestamente por el Obispado de Alcalá de Henares tras haber tenido constancia de la presentación de dos denuncias, una del diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño y otra de la asociación Arcópoli

La Comunidad de Madrid investigará los cursos para "curar" la homosexualidad

Eldiario.es publica el reportaje de un periodista que acudió el 21 de marzo pasado, como "un joven que quiere cambiar su orientación", a una sesión de terapias ofrecida "para 'curar' la homosexualidad" en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, perteneciente a la Diócesis de Alcalá de Henares.

Sin embargo, el Obispado de Alcalá de Henares ha negado que imparta cursos encaminados a curar la homosexualidad, como publica eldiario.es, aunque "no renuncia a acoger y acompañar a las personas que libremente lo solicitan".

La organización de consumidores Facua Madrid y el Colectivo LGTB+ de Madrid Cogam también han presentado denuncias ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para exigir la apertura de un expediente sancionador tanto a la supuesta terapeuta como a la institución promotora de los cursos, el Obispado de Alcalá de Henares.

El vicepresidente regional, Pedro Rollán, ha informado de que la Comunidad de Madrid investigará este caso tras haber conocido la presentación de dos denuncias durante la reunión del Consejo de Gobierno de este martes.

"Si como resultado se determina que se ha incurrido en algún tipo de incumplimiento en base a la Ley contra la LGTBifobia, se aplicará la sanción (correspondiente)", ha dicho.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han indicado que los infractores podrían incumplir el artículo 70.4 c de la citada Ley.

Este artículo establece como infracción muy grave "la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona".

"Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias", añade.

Desde la Consejería han apuntado que esta infracción conlleva una sanción económica que iría de los 20.001 euros a los 45.000 euros.

Los cursos para curar la homosexualidad han suscitado el rechazo de partidos políticos como el PSOE y Ciudadanos, así como también del alcalde de Alcalá de Henares.

Desde el PSOE, la diputada autonómica de Madrid Carla Antonelli ha afirmado que "la pretensión absurda" del Obispado de Alcalá de Henares de querer "curar" la homosexualidad y la transexualidad es "llover sobre mojado" o "una reiteración de la LGTBIfobia" y ha preguntado a la Comunidad de Madrid "qué más pruebas quiere" para sancionarle.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido que se eliminen los supuestos cursos impartidos por el Obispado de Alcalá de Henares para "curar" la homosexualidad, que son un "absoluto despropósito".

El diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubiño ha considerado "absolutamente aberrantes" las sesiones que han tenido lugar en el Obispado de Alcalá de Henares y ha pedido a la Comunidad de Madrid que actúe "con toda la contundencia del mundo" ante "un caso de extrema gravedad".

Arcópoli ha destacado que "la homosexualidad no es un trastorno, ni un problema, por lo que no procede ningún tipo de intervención, sea psicológica o de cualquier otra índole".

La presidenta de Cogam, Carmen García, ha indicado que, "en pleno siglo XXI", una vez reconocida la despatologización médica "después de muchos años de sufrimiento del colectivo LGTBI", todavía "hay mentes" que están "ancladas en el pasado" y que tratan de "estigmatizar las conductas que no les gustan" y "castigar a las personas por ser quienes son".

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha remitido este martes una carta al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para solicitarle al Gobierno regional que "vigile el contenido" de estos "cursos ilegales y clandestinos", así como el cumplimiento de las leyes. 

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