Según ha informado el Ministerio de Justicia, la carencia de un protocolo claro de actuación había puesto de manifiesto una serie de carencias en la planificación médico-forense "subsanadas en buena parte por el celo profesional" con el que habían actuado los distintos profesionales involucrados en este tipo de sucesos catastróficos.

El texto aprobado da respuesta tanto a los avances experimentados por la medicina forense en relación con las técnicas identificativas como a las peculiaridades de la organización de la actividad científico judicial en España.

En este ámbito se requiere la participación y coordinación de diversos instituciones dependientes de distintas administraciones, como son el cuerpo nacional de médicos forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la Comisaría General de Policía Científica, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y las Policías Autonómicas.