lunes 6/12/21

Los policías y guardias civiles consideran que la reforma de la ley mordaza les deja "indefensos"

El Sindicato de policía Jupol considera la reforma un "despropósito inadmisible" mientras que el SUP afirman que les "dejan vendidos" a los agentes 
policia nacional y guardia civil

Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles han manifestado su rechazo unánime a las propuestas para la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, al entender que esas modificaciones merman su capacidad de actuación y les deja "indefensos".

Entre las modificaciones de la ley que han planteado PSOE y Unidas Podemos y que deben consensuar con el PNV, proponente de la reforma, figura que los arrestos de indocumentados para su identificación en Comisaría no excedan las dos horas (ahora el máximo es de 6) o que deje de ser sancionable la toma de imágenes en operaciones policiales y su difusión, salvo que afecten al derecho a la intimidad o a la seguridad de los agentes o sus familias.

De forma unánime, y en sendos comunicados, los sindicatos y asociaciones más representativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado muestran su oposición frontal a estas propuestas, que critican además que se hagan en un momento en el que aumentan las agresiones que sufren y en el que se tiende a "criminalizar" la actuación policial.

Para Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, la reforma propuesta es un "despropósito inadmisble" y alerta de que difundir imágenes de actuaciones policiales entraña “un grave riesgo para la integridad física" de los agentes y de sus familias.

Lamenta este sindicato que en los últimos tiempos toda actividad policial esté siendo considerada "con una presunción de culpabilidad", lo que genera "un clima constante de inseguridad jurídica" que puede llevar a una "inseguridad operativa" entre los agentes.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) también son críticos con esta reforma que, dicen, deja "vendidos" a los agentes.

"Se trata de una retahíla de propuestas irracionales, algunas de imposible cumplimiento, que coartan la operatividad de la policía y ponen en riesgo a los agentes", advierten.

También cuestiona la limitación en el uso de material antidisturbios, como pelotas de goma, porque deja indefensos a los policías frente a los violentos e ironiza con que los policías realizarán funciones de "taxista" al reducir a dos horas las seis ahora disponibles para identificar en comisaría a los indocumentados.

En la Confederación Española de Policía (CEP) creen que la reforma "además de perjudicar el trabajo policial, está pensada únicamente para una parte de la ciudadanía" y se olvida "de aquellos que ven su vida alterada por comportamientos incívicos", dando "un mensaje equivocado de impunidad".

El Sindicato Profesional de Policía(SPP), mayoritario en las escalas de mando, ha dirigido por su parte un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostrando su repulsa ante lo que considera "una nueva manifestación de la pérdida del respeto al principio de autoridad".

Por ello pide al ministro que impida que se apruebe una reforma que deja "indefensos" a los policías y merma "sustancialmente su capacidad de actuación".

"La trayectoria democrática y respetuosa con el ordenamiento jurídico de los policías nacionales en las últimas décadas merece ser respetada", observa este sindicato, que defiende la eficacia y utilidad de la ley actual, que además "ha pasado los filtros constitucionales con solvencia".

El SPP sospecha además que lo que subyace en esta reforma es "la intención clara de limitar la capacidad de actuación policial ante eventos de gran conflictividad social poniendo en duda las actuaciones policiales".

Tampoco han sido bien recibidas en la Guardia Civil las propuestas para modificar la ley, y así desde JUCIL, mayoritaria en el nuevo Consejo de la Guardia Civil, entienden que responden "más a criterios políticos que jurídicos".

Redundan, dicen, en "un aumento de la violencia" hacia los agentes y suponen "otra vuelta de tuerca para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se sientan más vulnerables".

Permitir grabar a los agentes, así como que se vea cuestionada la presunción de veracidad de sus atestados, "es una aberración jurídica que conllevara consecuencias irreparables", añade.

“La Seguridad de los ciudadanos ha de ser la máxima que podamos permitirnos como sociedad, y no ha de servir para intercambiar, ni sostener, cuotas de poder político. Esto sería de una irresponsabilidad sin paragón ni límite por parte de nuestros dirigentes”, pronostica Jucil.

También Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ven también la reforma "altamente inoportuna" en un momento en el que "sigue creciendo el número de agresiones a los agentes", ya que les "deja aún más indefensos".

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