Los agricultores franceses rechazan devolver las ayudas públicas ilegales
Ante la mirada espantada de unos y de otros, partidos de izquierda y de derecha, organizaciones sindicales y profesionales, agricultores, y la opinión publica en general, lo que hizo Bruno Le Maire fue reconocer públicamente que la decisión de la Comisión Europea esta justificada, y que los agricultores no tendrán mas remedio, pues, que devolver las ayudas publicas ilegales. Con lo cual, admitió implícitamente la complicidad del Estado francés, que mantuvo durante 10 años unas ayudas, pese a saber que eran manifiestamente ilegales.
En un país que siempre mira con desconfianza y hostilidad las decisiones de los tecnócratas europeos que van en contra de los intereses nacionales galos, y ante la perspectiva de ver salir a la calle a los productores de frutas y legumbres en cólera, Bruno Le Maire tiene pues que hacer uso de su imaginación para mantenerse a flote y conquistar la simpatía de los agricultores. Así, pese a admitir que Bruselas tiene razón, reconoce que en las circunstancias actuales el Estado lo tendrá muy difícil para recuperar las ayudas declaradas ilegales.
Lo que intenta ahora el nuevo ministro de Sarkozy es ganar tiempo: Bruselas puso el 29 setiembre como fecha limite para el reintegro de las subvenciones ilegales, tras haber acordado ya una prórroga de dos meses, puesto que el plazo limite fijado inicialmente fue el 29 de julio. Según explica el Ministerio de Agricultura, los expertos encargados de calcular la suma exacta de las ayudas ilegales y su reparto, tendrán una labor extremadamente complicada, por el tiempo discurrido y también porque muchos beneficiarios ya dejaron el sector.
Ante la evidencia de que esta actuando con "buena fe" y con "transparencia", de cara a los agricultores y igualmente con las autoridades comunitarias, Bruno Le Maire confía en una "rebaja sustancial" de las sumas reclamadas. Y sobre todo, intenta cortar de raíz el riesgo de que la Comisión Europea venga a considerar también como "ilegales" unos 200 millones de euros de ayudas publicas suplementares, pero "indirectas", puesto que pasaron por el "filtro" de las organizaciones profesionales, como "cofinanciación" de campañas agrícolas.
Para ganarse la simpatía de los productores de frutas y legumbres, Bruno Le Maire promete igualmente medidas a corto y a largo plazo, a favor de un sector que los últimos diez años perdió un 30% de agricultores, por el cambio de los hábitos de consumo (los franceses pasaron de comer 191 kilos de fruta per capita al inicio de la década de 1990, a solo 84 kilos actualmente) y porque los costes de producción en Francia son el doble que en España y en Alemania.
A corto plazo, el gobierno estudia pues facilitar a los productores de frutas y legumbres el acceso a los "créditos de exportación", y sobre todo que el Estado asuma parte de las cotizaciones sociales y de la "carga financiera" del sector. Y de cara al largo plazo, Bruno Le Maire buscara "medidas permanentes" para reducir el peso del coste del trabajo en el sector. Con lo cual, manifiestaque "defenderá ferozmente" en Bruxelas los intereses de la agricultura gala, pero reitera que París "no tomara decisiones en contra de la legalidad comunitaria".
Al margen del riesgo de ver salir a los agricultores a la calle en un momento en que se extiende un clima que algunos califican de "guerra civil" (secuestro de dirigentes por trabajadores furiosos, que hasta amenazan con poner bombas para impedir el cierre de empresas en dificultades), lo que mas preocupa a París, es proteger la imagen del sector agrícola nacional, cuyo futuro estará muy vinculado a la reforma de la Política Agraria Común (PAC), prevista para el 2013 y que empezara a negociarse en Bruselas ya en enero del 2010.
No hay que olvidar, que la agricultura gala es la que mas dinero recibe de la PAC, unos 10.000 millones de euros al año, la quinta parte de los 50.000 millones de euros de subvenciones agrícolas comunitarias. De cara a la reforma prevista, Bruno Le Maire es muy consciente de que no sería nada bueno utilizar el asunto de las ayudas ilegales para suscitar los sentimientos anti europeos de la opinión pública, y que la creación en Bruselas de una mala imagen de la agricultura gala seria muy negativa para los intereses nacionales.
Un experto del sector como Nicolas Jean Bremon, que trabaja par la Fundación Robert-Schuman y que es autor del libro de referencia “¿Porqué creer en la PAC?”, pone la cuestión en estos términos: ante la próxima reforma de la PAC, París tiene que impedir que la agricultura nacional, principal beneficiaria de las ayudas comunitarias, sea acusada de hacer trampas. Y Bremon sospecha que el objetivo de la Comisión Europea, con el tema de las ayudas ilegales, es impedir que Madrid se ponga al lado de París en la reforma de la PAC.
Lo cierto es que los agricultores franceses y españoles tienen hoy muchos interés en común, principalmente tras la apertura de la UE a los países del Este, con lo cual la época en que los camiones que transportaban frutas y legumbres españolas eran sistemáticamente asaltados en la frontera francesa ya no son más que un recuerdo anacrónico. Aunque esa fue el arma utilizada por la agricultura gala, para sacar la mayor renta posible de la PAC en las negociaciones que culminaran en 1986 con la entrada de España y Portugal en la antigua CEE.