La ‘operación Pitiusa’ consiguió informadores en Hacienda, la Policía y la Guardia Civil
Poco o casi nada se conocía hasta el momento de quién integraba la ‘operación Pitiusa’ desarticulada el pasado mes de mayo por la Policía. La trama costó la imputación y prisión a los más de 150 abogados, espías y funcionarios que estaban implicados en ella por tráfico ilícito y compra-venta de datos que afectaban a la privacidad de las personas. Los detenidos realizaban investigaciones personales, empresariales o comerciales al margen de la ley.
Según el sumario del caso al que ha tenido acceso El País y publica este sábado, la trama había conseguido informadores en importantes organismos de la Administración como Hacienda, la Policía, la Guardia Civil, juzgados, compañías aéreas y telefónicas, y estuvieron a punto de obtener un infiltrado en la multinacional de Visa.
El medio menciona a Matías Bevilacqua como pieza clave en la organización, debido a sus dotes informáticas, capaz de entrar en cualquier ordenador.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales resalta en el sumario que los detectives de turno o intermediarios “cuentan con un capital humano captado en puntos estratégicos de la Administración, a través de servidores públicos que a la postre se prestan a actos de corruptela menor, o en entes privados como operadores de telefonía o entidades bancarias con empleados infieles o la colaboración de expertos en informática forense”.
Según El País, un dato que permita conocer dónde trabaja un ciudadano cuesta 50 euros; un historial laboral, 100 euros; una declaración de renta, entre 2.500 y 3.000 euros; un informe de Hacienda sobre las relaciones de una empresa con sus clientes vale 3.000 euros. La venta de información alcanzaba precios astronómicos, incluso ciertos clientes abonaban "hasta 30.000 euros por un informe completo".
La red de informadores se movía en tan altas esferas que la trama recibió el pasado mes de diciembre un soplo sobre que la Policía estaba persiguiendo sus actuaciones. Avisaron de que tenían que tener precauciones con teléfonos y ordenadores. Aún se desconoce quién fue la persona que dio el aviso a la organización.
En el sumario no especifica cuántas personas han sido espiadas por esta trama ilegal. Pero da cuenta de personas de cierta importancia, como directivos de empresas, enfermos, deudores de hipotecas y, como ya publicó la revista Interviú en su día, hasta la hermana de la princesa, Telma Ortiz.
También espiaron al marido de María Dolores de Cospedal
En el sumario se expone uno de los casos de la trama. El Consejero Delegado de Neoris, contrata los servicios de esta organización para descubrir si en su empresa están tramando una OPA hostil. La solución que le dan es la de colocar una grabadora bajo la mesa de un restaurante en el que supuestamente se van a reunir los miembros de dicha empresas.
Sin embargo, el Consejero, Marco de Pedro, alerta de un pequeño inconveniente: que uno de los miembros está casado con un alto cargo de la política. Nada más y nada menos que María Dolores de Cospedal, López del Hierro. El detective le avisa de que su forma de operar es ilegal, pero De Pedro da el visto bueno y siguen adelante con el plan. Por esa grabación, el empleado de la trama le exige entre 2.000 y 3.000 euros en efectivo.
Tras haber realizado el trabajo, De Pedro obtuvo un CD con la conversación. Cuando fue detenido, afirmó no saber dónde se encontraba el CD, y se "sorprendió" de que la agencia grabara la conversación.