El Gobierno obliga a Airbnb a retirar más de 65.000 anuncios turísticos ilegales
El TSJ de Madrid avala la decisión del Ministerio de Consumo y ordena el bloqueo inmediato de 5.800 anuncios por vulnerar normativas autonómicas
La plataforma de alquiler vacacional Airbnb se enfrenta a un revés judicial sin precedentes. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha impuesto la retirada de 65.935 anuncios de viviendas turísticas consideradas ilegales, por no cumplir con las normativas de las comunidades autónomas donde están ubicadas.
La medida ha sido respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en un reciente auto ha confirmado la legalidad de la actuación ministerial e insta a la empresa estadounidense a eliminar de inmediato 5.800 de estos anuncios.
Anuncios ilegales en seis comunidades
Los anuncios cuestionados afectan a propiedades localizadas en seis regiones: Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco. Según el Ministerio, se trata en todos los casos de viviendas completas ofrecidas para uso turístico —no habitaciones individuales— que incumplen las normas vigentes en cada comunidad.
Esta actuación se enmarca en una ofensiva más amplia del Ministerio contra las irregularidades en el sector del alquiler turístico, un mercado que ha crecido de forma exponencial en los últimos años y que, según las autoridades, ha contribuido al encarecimiento del acceso a la vivienda.
En los últimos meses, Consumo ha emitido tres resoluciones dirigidas a Airbnb ordenando la supresión de estos contenidos, basándose en infracciones constatadas tras un análisis exhaustivo de la publicidad alojada en su portal.
Las tres causas del incumplimiento
Desde la Dirección General de Consumo se han identificado tres razones fundamentales por las que estos anuncios han sido calificados de ilegales:
Falta de número de registro: Muchos anuncios no incluyen el número de licencia turística obligatorio en distintas normativas autonómicas, lo que representa la infracción más común detectada.
Falta de información sobre el arrendador: En numerosos casos, no se especifica si el arrendador es un particular o un profesional. Esta omisión impide al consumidor saber si está protegido por la legislación vigente.
Uso fraudulento de licencias: Algunos anuncios incorporan números de licencia que no han sido expedidos por ninguna autoridad competente, lo cual, según el Ministerio, "puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras".
Bustinduy, contra el fraude en el alquiler turístico
En los últimos meses, el Ministerio ha abierto varios expedientes sancionadores a distintas empresas vinculadas al mercado del alquiler residencial y turístico.
En marzo, se inició un procedimiento contra Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas, como imponer la contratación de seguros a los inquilinos. En febrero, se actuó contra grandes gestoras de pisos turísticos por no informar adecuadamente sobre la naturaleza jurídica del arrendador. Ya en diciembre de 2024, otra plataforma fue señalada por un posible incumplimiento relacionado con la publicidad engañosa del número de licencia.
Estas investigaciones siguen su curso y se desarrollan de forma paralela a la orden de retirada masiva de anuncios impuesta ahora a Airbnb.
“Acabar con el descontrol y la ilegalidad”
Pablo Bustinduy ha reiterado el compromiso de su departamento con el cumplimiento de las normativas y la protección de los derechos de los consumidores. “Nuestro objetivo es colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos”, ha señalado, al tiempo que defiende la necesidad de “favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores”.
Así, el Ministerio lanza un mensaje al sector: el cumplimiento de la ley no es opcional, y las plataformas que deseen operar en España deberán someterse a las reglas marcadas por las comunidades autónomas.