El fiscal general recurre su procesamiento y pide el archivo por falta de pruebas
La Abogacía del Estado denuncia que las acusaciones carecen de base y cuestiona las inferencias del juez
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra su procesamiento por presunta revelación de secretos, al considerar que las imputaciones del juez instructor son “absolutamente infundadas, voluntaristas, arbitrarias o carentes de toda base o fundamento”.
Así lo expone un escrito de la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz. En él, se solicita al Alto Tribunal la revocación del auto que le dejó al borde del banquillo por la supuesta filtración de un correo fechado el 2 de febrero de 2024, cuyo contenido ya era de dominio público en el momento de la presunta revelación.
Sin indicios ni delito: la base del recurso
El recurso se apoya en dos argumentos clave. En primer lugar, sostiene que no existía secreto que filtrar, ya que el contenido del documento en cuestión había sido difundido por varios medios antes de que llegara a manos del fiscal general. En segundo lugar, defiende que no hay indicios racionales que apunten a García Ortiz como autor de una filtración.
La defensa subraya que el juez omitió múltiples elementos de refutación, entre ellos las declaraciones de varios periodistas que aseguran haber tenido conocimiento del contenido antes de que llegara a conocimiento del fiscal general. Incluso, se califica de “altamente verosímil” que otras fuentes ajenas a la Fiscalía pudieran haber difundido esa información.
Sin contactos con prensa ni con Moncloa
En el escrito se rechaza además cualquier vínculo con Presidencia del Gobierno, tal y como sugería el juez en su auto. El recurso niega de forma tajante que el fiscal general recibiera “indicaciones” desde Moncloa y califica de “inferencias carentes de sustento” los argumentos que apuntan a esa supuesta conexión.
De hecho, el documento destaca que no consta ninguna comunicación entre García Ortiz y medios de comunicación durante la noche en que se produjo la difusión, “y mucho menos con alguien de Presidencia”.
Críticas al juez y al uso de los datos personales
La Abogacía del Estado también reprocha al magistrado su enfoque en lo que considera un “juicio político o mediático” más que un análisis penal objetivo. “Pretender apuntalar la responsabilidad penal del fiscal general a partir del uso público de un documento ya conocido excede por completo el juicio racional de indicios”, sostiene el recurso.
Respecto al borrado del teléfono móvil de García Ortiz, el recurso lamenta lo que califica como un “reproche innecesario” del juez. Explica que dicho borrado se produjo por motivos de seguridad y que es totalmente ajeno a la causa, rechazando que se tratara de una maniobra para eliminar pruebas.
Señala otras posibles fuentes de la filtración
El recurso apunta además a la posibilidad de que la información se conociera a través de terceros vinculados a uno de los protagonistas de la negociación con la Fiscalía. Habla incluso de una posible “coordinación informativa” con un entorno institucional que habría estado informado de todos los pasos para evitar un juicio.
En ese contexto, subraya que cuando una persona comparte sus comunicaciones confidenciales con terceros, pierde el derecho a que esas informaciones sean consideradas reservadas, y menos aún con el objetivo de preservar su intimidad tras haberlas divulgado parcialmente.