Cuarta reforma de la Ley de Extranjería en ocho años
La reforma de la Ley de Extranjería que este jueves ha comenzado a tramitarse en el Congreso de los Diputados es la cuarta que se produce en los últimos ocho años y cuyo texto regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración.
El texto defendido este jueves por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, fue aprobado el pasado mes de junio por el Consejo de Ministros como propuesta de reforma la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero del 2000, que a su vez ha sido objeto de numerosas modificaciones en su reglamento a lo largo de los años.
En vigor desde el 1 de febrero del 2000, la ley fue modificada por primera vez un mes más tarde, cuando el PP ganó las elecciones de marzo del 2000 y promovió una reforma que recortaba los derechos de los inmigrantes indocumentados que fue aprobada en diciembre de ese año.
En aquella ocasión se reguló la posibilidad de expulsar a los inmigrantes ilegales, así como la anulación de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga.
Aznar modifica la ley
Posteriormente, el Gobierno de José María Aznar promovió una segunda modificación de la ley relativa a la respuesta penal frente a los extranjeros residentes ilegalmente en España que cometieran delitos, y que entre otras medidas contemplaba la conmutación de penas de prisión de hasta seis años por la expulsión.
Esta modificación, aprobada finalmente en septiembre del 2003, caminó pareja en el tiempo a una nueva reforma de la ley forzada por la anulación del Tribunal Supremo de gran parte del articulado del reglamento, así como por la necesidad de introducir varias normativas europeas y el deseo del Gobierno de endurecer las condiciones de entrada.
Tramitada por el procedimiento de urgencia, el nuevo texto entró en vigor en diciembre del 2003 y modificó 20 de los 70 artículos de la ley.
En ella figuraba la obligación de las compañías de transporte de facilitar los datos de los pasajeros que viajaran a España, así como los billetes de vuelta que no hubieran sido utilizados por los usuarios.
La nueva norma confería, además, al visado la consideración de permiso de trabajo o residencia, contemplaba limitaciones a la reagrupación familiar, penalizaba la acción individual de tráfico de personas con ánimo de lucro e incorporaba el internamiento de extranjeros sometidos al procedimiento de devolución.
El PSOE llega al Gobierno
Tras la victoria del PSOE en marzo del 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó por Real Decreto el reglamento de la ley que preveía la regularización de los inmigrantes sin papeles que llevaran seis meses empadronados en España y contaran con un contrato de al menos seis meses.
En el 2007 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales tres artículos que condicionaban el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación y la libertad de sindicación a poseer autorización de estancia o residencia en España, y reconoció el derecho a la huelga de todos los trabajadores extranjeros, tuvieran o no permiso de trabajo en España.
