sábado 15/5/21
AñO TRAS AñO

Cuando la ley te impide ejercer tu derecho al voto

Unas 80.000 personas con algún tipo de discapacidad intelectual se quedan sin poder votar en España. Pelean por normalizar su situación y abogan por capacitar a estas personas para que sean conscientes de la importancia del derecho a voto

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Imagen de archivo

Votar para elegir a los cargos públicos en las instituciones públicas es un derecho político y constitucional reconocido. Todas las personas pueden ejercerlo una vez hayan cumplido los dieciocho años. Pero la realidad es que el "todas" es una utopía. La Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Feaps) denuncia que en España hay alrededor de 80.000 personas con algún tipo de discapacidad intelectual que se quedan sin poder votar.

Este es el principal motivo por el que Feaps puso en marcha la campaña #mivotocuenta2015. “Consideramos que una discapacidad de cualquier tipo no puede ser una barrera para ejercer ese derecho a voto. Luchamos siempre por la máxima inclusión social de las personas con discapacidad intelectual para garantizar su plena ciudadanía y que sean conscientes de que son ciudadanos con pleno derecho”, explica Fermín Núñez, coordinador de esta campaña y encargado de comunicación de Feaps a EstrellaDigital.es.

Desde esta organización pelean por normalizar la situación de estas personas con discapacidad intelectual. Su objetivo es capacitarlas y empoderarlas para que ellas mismas sean conscientes de la importancia del derecho a voto y puedan reivindicarlo. Abogan por que las sentencias de incapacitación desaparezcan. Unas sentencias que deben ser promulgadas  por un juez a petición de la familia, y que son las que impiden a las personas con un cierto grado de discapacidad votar: “Nosotros entendemos que cuando una persona tiene discapacidad intelectual, su familia, en muchos caso por temas de protección patrimonial, solicite esta incapacitación que nombre un tutor legal para proteger la herencia y que estas personas no sean engañadas. Entonces en ese modelo de incapacitación, que suele ser una incapacitación total, viene recogido la anulación del derecho a voto”, comenta Fermín. Y añaden que el 64% de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que reciben apoyo de sus entidades (Feaps) están privadas del derecho al voto sin justificación motivada. “Muchas veces las personas que tienen discapacidad intelectual es, por ejemplo, por problemas de comunicación y no de raciocinio, por decirlo de alguna manera”.

Y aquí es donde entra la labor del juez. Desde Feaps proponen que a la hora de declarar incapacidades, los jueces realicen una labor más personificada con la persona con discapacidad. “Queremos que los jueces no sigan una sentencia tipo a la hora de incapacitar, sino que se entrevisten dentro de este proceso con la propia persona y establezcan en qué áreas hay que incapacitar y en cuáles no”, aclaran desde Feaps.

“Consideramos que a nadie se le pregunta por la calle si está capacitado en mayor o menor medida para votar según unos condicionantes"

Quieren que todas las personas voten en igualdad de condiciones. “Consideramos que a nadie se le pregunta por la calle si está capacitado en mayor o menor medida para votar según unos condicionantes. No lo entendemos nosotros y tampoco lo entienden los tratados internacionales”, argumentan desde Feaps. De hecho, unos años atrás se celebró en la ONU una convención sobre el derecho de las personas con discapacidad. En su artículo 29 se dice que las personas con cualquier tipo de discapacidad tienen derecho a participar en la vida política y pública. Por eso estableció un comité que revisaría como los países firmantes, España entre ellos, adecuaban su legislación según el articulado de la convención. Hace aproximadamente un año todos los grupos parlamentarios acordaron por unanimidad abordar esta reforma. “Incluso con el acuerdo unánime de todos los partidos no lo han abordado y seguimos a la espera”, comenta Fermín Núñez.

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Dificultad para entender el proceso electoral e instaurar la metodología de lectura fácil

Existe otro problema. Muchas personas con capacidad legal para votar, pero que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o de comprensión, no pueden ejercer en igualdad de condiciones su derecho a voto porque toda la información electoral (programas, mensajes publicitarios…) es de muy difícil comprensión. “En Feaps explicamos a esas personas con discapacidad todo el proceso de votación, a través de un método que se llama lectura fácil. Al igual que han hecho con el colectivo de personas sordas o ciegas (braille, lenguaje de signos) reivindicamos que esa información se haga los más accesible posible para personas con discapacidad intelectual”.

Por eso se han puesto en contacto con muchos partidos políticos de todas las comunidades autónomas y han exigido la instauración de este modelo de lectura. Muchos le han hecho caso y ya tienen su programa escrito mediante lectura fácil. “Entendemos que con esto ocurre como con las barrera arquitectónicas porque cuando tú haces una rampa destinada a personas  en silla de ruedas, al final esa rampa la utiliza todo el mundo porque es más fácil subir por ahí que por las escaleras”, argumenta Fermín.

En definitiva desean que todas estas personas sean consideradas ciudadanos como tal y que puedan ejercer todos sus derechos con plena libertad. Lo tienen claro: “La discapacidad intelectual no debe ser una barrera para votar porque lo único que provoca es que se considere a estas personas ciudadanos de segunda o de tercera”.

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