sábado 15/5/21

Los condenados de la Mesa piden apartar a Llarena y Marchena

Los miembros de JxSí en la Mesa del Parlament condenados por desobediencia alegan ante el Supremo que se les han vulnerado derechos reconocidos por la Constitución y el Estatut y piden que sus recursos no sean resueltos ni por el juez Pablo Llarena ni por los magistrados que juzgaron el caso del "procés"

tribunal supremo

Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, diputados de JxSí en la Mesa durante la etapa de Carme Forcadell, han presentado recursos de casación ante el Tribunal Supremo, a los que ha tenido acceso Efe este miércoles, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que los condenó a 20 meses de inhabilitación por permitir la tramitación de las leyes del "procés".

En sus escritos, los condenados piden al Supremo que, para garantizar la "imparcialidad", se abstengan de resolver sus recursos tanto el juez Pablo Llarena, que instruyó la causa del "procés", como los miembros de la sala de lo penal, presidida por Manuel Marchena, que juzgó y condenó a los líderes independentistas.

De hecho, la causa contra los diputados de JxSí en la Mesa del Parlament -abierta a raíz de varias querella de la Fiscalía- estuvo inicialmente en manos del Tribunal Supremo, que decidió desgajarla de la causa del "procés" que sentó en el banquillo a Carme Forcadell y al resto de líderes independentistas y remitirla al TSJC.

Los condenados piden al Supremo que anule su condena pero que, en caso de que la mantenga, limite el alcance de la pena de inhabilitación impuesta, de forma que no tengan vetado el acceso a cargos públicos -como solicita Simó- ni a otros cargos electos que no sean los estrictamente vinculados a las funciones de la Mesa.

Los recursos argumentan ante el Supremo que la condena por desobediencia por la tramitación de las leyes del "procés" vulnera varios derechos reconocidos por la Constitución, entre ellos los de participación política, libertad ideológica y de expresión, así como artículos del Estatut y de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Como ya expusieran a lo largo del juicio, los abogados de los condenados, Judit Gené y Raimon Tomàs, apelan al principio de inviolabilidad parlamentaria que creen asistía a los miembros de la Mesa y razonan que la sentencia atenta contra el "principio de autonomía" de la cámara catalana.

Para las defensas, los requerimientos del Tribunal Constitucional a los miembros de la Mesa "suponían una limitación de la capacidad de debate del Parlament de Catalunya por parte del órgano jurisdiccional y alteraban las facultades de la Mesa en su concepción finalista de proteger los derechos de los parlamentarios, lo que vulnera, incluso elimina, la autonomía parlamentaria de la cámara legislativa".

Esa afectación de derechos fundamentales, abundan las defensas, no solo atañe a los miembros de la Mesa sino también a "un número muy significativo de ciudadanos" a quienes los diputados representan.

En ese sentido, sostienen los recursos que los diputados se limitaron a "garantizar, como siempre había hecho la Mesa, el desarrollo del ejercicio de derechos fundamentales básicos por parte de los ciudadanos en condiciones de libertad, igualdad y seguridad".

"Resulta por tanto esencial para el desarrollo de las funciones parlamentarias que la voluntad del Parlamento se produzca mediante el debate y la discusión pública libres de obstáculos y presiones externas", añaden los abogados, que creen que las resoluciones del Constitucional suponían "una alteración de las funciones de la Mesa" al limitar "preventivamente" la capacidad de debate de la cámara.

En ese sentido, las defensas afirman que "la judicialización y criminalización de la actividad parlamentaria ya está teniendo efectos indeseables sobre el funcionamiento de cámaras parlamentarias".

También plantea la defensa de Simó que la Abogacía del Estado no tenía legitimación para ejercer la acusación en la causa -puesto que, a diferencia del "caso procés", en ésta no se dirimía un delito de malversación de caudales del que pudieran resultar perjudicadas las arcas públicas-, lo que también vulneró su derecho de defensa y a un procedimiento con todas las garantías.

En el caso de Guinó, el único de los condenados que sigue siendo diputado, su abogada recuerda al Supremo que, pese a que la sentencia no es firme, la pena de inhabilitación que le ha impuesto el TSJC para el ejercicio de cargos públicos "ya ha empezado a ejecutarse", puesto que probablemente no podrá volver a presentarse a las elecciones autonómicas, mientras se resuelve su recurso.

Por ese motivo, solicita que se le reduzca la pena de inhabilitación impuesta por "un tiempo proporcional al transcurrido hasta que no se dicte sentencia de casación".

La defensa recuerda que, en el caso de Guinó, la pena de inhabilitación para cargo público le "afecta de modo especial", dado que es alcalde de Besalú (Girona) desde hace años, "sin que haya tenido el más mínimo incidente durante su larga trayectoria política".

Para la letrada Judit Gené, es "obvio" que los hechos por los que ha sido condenado no hubieran podido cometerse en el ámbito local, por lo que "resulta especialmente necesario, en su caso", limitar la inhabilitación al ejercicio de cargos "iguales o análogos" a los que ostentaba cuando ocurrieron los hechos. 

 

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