viernes 14/5/21

Privacidad y rastreos Covid

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La pandemia de Coronavirus ha hecho removerse ciertos cimientos que llevaban tiempo asentados, y ha sacado a la luz una serie de debates que —más allá del ámbito sanitario— nos hacen plantearnos la eficacia de algunas de las medidas tomadas para atajar el virus, así como la compatibilidad de las mismas con respecto a derechos fundamentales y principios rectores de nuestro ordenamiento y nuestros valores de vida que, hasta la llegada del virus, dábamos por sentados.

Uno de los debates más importantes y repetidos que ha tenido lugar a lo largo de este inusual periodo ha sido el que concierne a las cuestiones de la privacidad frente a la seguridad. Se trata de un planteamiento que no es, ni mucho menos, nuevo, pero que adquiere tintes particulares a la luz de los recientes acontecimientos a los que nos enfrentamos.

La tecnología se ha presentado como una pata esencial a la hora de la lucha contra el Covid-19, no solo en el ámbito de la salud y en el entorno comercial, sino también a nivel social y administrativo, como herramienta para evitar la propagación del patógeno previniendo el contacto entre las personas contagiadas o con riesgo de contagio y las personas sanas.

Para esta crucial misión (sin la cual hubiera sido difícil revertir en muchas ocasiones las curvas de contagios), se han utilizado una serie de softwares de seguimiento de personas capaces de recolectar datos diversos de sus usuarios, y que incluyen servicios de rastreo que permiten determinar la proximidad de personas que tengan —o puedan tener— la enfermedad.

Las características de este tipo de aplicaciones móviles varían según las diferentes regiones y los diferentes países que las han puesto en funcionamiento como herramienta para gestionar la pandemia. En determinados países asiáticos (como pueden ser China, Singapur o Corea, entre otros), han demostrado su capacidad para atajar la situación sanitaria de manera contundente y efectiva, pero han puesto de manifiesto el conflicto que podía ocasionar su utilización con temas como la privacidad o la protección de datos.

En Europa, y en concreto en nuestro país, la situación ha sido algo distinta, ya que, a pesar del uso de estas tecnologías, los sistemas de protección de datos y de garantías básicas de privacidad de los usuarios se han mantenido vigentes y han seguido contando con un nivel de protección elevado. No podía ser de otra forma, y es que el derecho a la privacidad y el derecho a la seguridad son dos derechos que cuentan con una protección y una preeminencia jurídica pareja en nuestro ordenamiento, por lo que no tendría sentido que uno se antepusiera al otro.

Algunos expertos señalan, incluso, que hacer surgir un debate entre la elección de uno u otro principio (entre privacidad o seguridad, ¿cuál impera?) no tiene sentido. Que se trata de una dicotomía falsa ya que contamos con suficientes recursos, tanto tecnológicos, uso de servidores vpn, como jurídicos, leyes de protección de datos, para proteger ambos derechos sin descuidar a su supuesta contraparte.

Algunos de estos programas se han realizado en tiempo récord, es por ello que en primeras iteraciones algunos de ellos han presentado problemas de seguridad, es por ello que el uso de tecnologías de seguridad, como las vpn, pueden ayudarnos a evitar estos problemas.

Por otro lado, las leyes de protección de datos garantizan el tratamiento adecuado de los datos, impiden su cesión a terceros y, aún más importante, aseguran el derecho al olvido de los mismos.

En este sentido, se entiende que, si bien un derecho puede quedar restringido o limitado por razones de interés general, no puede restringirse hasta el punto de quedar desnaturalizado. De ahí la posibilidad de seguir utilizando estos sistemas que la tecnología nos brinda, sin perder de vista sus riesgos, y poniendo en marcha las medidas necesarias para mitigarlos

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