viernes 23.08.2019
POLíTICA INDUSTRIAL

Gobierno e industria de Defensa se unen frente a la UE

Proteccionismo, nuevo ciclo inversor sin financiación ni nuevos programas más indefinición en el mapa empresarial, donde el Estado suma a su condición de cliente el de accionista de los principales actores

Planta de ensamblaje de Airbus en Sevilla.
Planta de ensamblaje de Airbus en Sevilla.

El Ministerio de Defensa y la industria tecnológica española de defensa, aeronáutica y espacio han querido presentarse unidos ante el consejo europeo que se celebrará a finales de junio, en el que se hará balance de los objetivos que los jefes de Estado y de Gobierno se marcaron en diciembre de 2013: impulso de una política de defensa europea, definición conjunta de capacidades militares y avanzar en un mercado europeo de defensa.

Tanto el sector empresarial como el Gobierno de Rajoy llegaron a aquella cita con un elevado nivel de excitación, por las expectativas creadas que la realidad se encargó de rebajar con unos resultados que fueron muy modestos que dejaron pocos avances y la defensa, incluida la industria asociada, como competencia fundamentalmente nacional.

Sin embargo, el departamento que dirige Pedro Morenés y las principales empresas del sector han aprovechado estos dos años para acordar medidas proteccionistas que impidan la entrada de competidores extranjeros en determinadas áreas, en Defensa se afirma que están ultimando una estrategia industrial y se refieren a un nuevo ciclo inversor que hasta el momento no cuenta ni con financiación ni con nuevos programas.

En la mañana de este martes el Real Instituto Elcano y Airbus han reunido en Madrid a lo más granado de la industria de defensa nacional y de la Administración, principalmente los ministerios de Defensa e Industria. El sector da trabajo en España a 20.000 empleos directos y suma una facturación anual en torno a los 8.000 millones de euros.

El Ministerio de Defensa se ha consolidado en los últimos años como interlocutor privilegiado con las empresas, tras la decisión del Gobierno de 2014 de otorgarle la tutela sobre la participación del Estado en la industria militar. La unidad de acción además ha quedado bien evidente: "lo están haciendo muy bien en Defensa", ha dicho el presidente de Airbus; "alineamiento total con Defensa, militante", en palabras del presidente de Indra.

Las buenas relaciones entre Defensa e industria tienen lógica además por el gran poder del Estado y del Gobierno en un sector fuertemente regulado, con clientes casi exclusivamente públicos, y su preeminencia en tres campos: la producción normativa, el abastecimiento de las Fuerzas Armadas y la entrada en su accionariado.

Capacidades blindadas

Los participantes en la jornada, del sector público y privado, han coincido en destacar la importancia del acuerdo del consejo de ministros de este 29 de mayo, por el que se determinan las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional.

Se establecen como áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de seguridad y defensa aplicables a los sectores terrestre, naval, aéreo y espacial las siguientes:

- Mando y control, comunicaciones, información.

- Ciberdefensa.

- Vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos (ISTAR).

- Control de tráfico y de ayudas a la navegación.

- Sistemas críticos embarcados en plataformas.

- Sistemas espaciales, de tratamiento de datos y de misión.

- Simulación de equipos y sistemas de armas para entrenamiento avanzado.

- Sistemas de navegación, control de guiado y carga de pago en misiles y municiones complejas.

- Sistemas complejos integrados por otros sistemas de armas avanzados cuyos requisitos de integración están vinculados a intereses esenciales de defensa y seguridad.

Se entiende que las anteriores son las capacidades críticas que el Gobierno ha decidido proteger y son las fortalezas o los nichos de excelencia de la industria nacional que se preservarán frente a intereses industriales de empresas no nacionales o excesivas pretensiones de la Comisión Europea por abrir mercados. La identificación de áreas industriales equivale a protegerlas frente a terceros y sirve también como pista para las empresas de por dónde pretender invertir el Estado su presupuesto.

Sin nuevos programas

En los presupuestos del Ministerio de Defensa para este 2015 figuraban una primera inversión para arrancar dos programas, el futuro vehículo terrestre 8x8 (con 41 millones de euros), y los primeros proyectos de I+D de la futura fragata F-110 para la Armada (37 millones); que se unen a una partida de 161 millones de euros del Ministerio de Industria para prefinanciar el desarrollo de nuevos Buques de Acción Marítima.

Lo anterior lleva al secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, a hablar de un nuevo ciclo inversor del Ministerio en programas de armamento, aunque pasado el primer semestre del año los dos primeros programas no se han iniciado aún.

Asimismo España no participa en el único programa puesto en marcha a nivel europeo desde el comienzo de la crisis, el desarrollo de un RPAS, sistema aéreo pilotado en remoto, conocidos popularmente como drone MALE, de media altura y una primera inversión para definir el proyecto de 70 millones de euros. Al parecer Defensa estudia comprar esta capacidad, reclamada por el Ejército del Aire, a Estados Unidos o Israel. 

El Estado, accionista

El panorama español de industrias tecnológicas de defensa se ha visto alterado recientemente con la entrada del Estado, a través de loa SEPI, con el 20% de las acciones de Indra anteriormente en manos de Bankia. En plena recesión y de recortes presupuestarios en todas las áreas el Gobierno desembolsó 337 millones de euros por entrar en la primera empresa tecnológica española del sector (que fue pública hasta 1999).

La misma Indra vivió este mes de enero el nombramiento de Fernando Abril-Martorell como nuevo presidente, y el cambio del equipo directivo, tras la entrada en el accionariado de Telefónica.

Nada se ha anunciado durante esta jornada sobre el hipotético proceso de concentración de las empresas públicas (Navantia, Isdefe) o participadas por el Estado (Indra).

Como única pista, el presidente de Indra ha apuntado al tamaño, la masa crítica, como factor esencial para poder competir en un mercado global, de donde se puede deducir que entra entre las previsiones del nuevo equipo gestor algún tipo de adquisición o fusión.

Especialización y reparto regional

Las esperanzas del próximo consejo europeo del 25 de junio se centran en que la UE pueda incluir la defensa en mecanismos de financiación existentes, del Banco Europeo de Inversiones, de fondos para la I+D+i o se consiga la exención del IVA en determinados casos.

El sector empresarial español y la Administración sí es consciente en cualquier caso que la Comisión Europea ha comenzado a moverse principalmente a partir de 2009 para avanzar en un mercado europeo de material de defensa, donde actualmente el 80% de los contratos se adjudican a empresas de cada país.

La Comisión Europea tratará de ampliar su ámbito de actuación en defensa y se admite también como inevitable un proceso a medio plazo de especialización de las empresas y reparto regional (por países) de la carga de trabajo de los programas.

En asuntos europeos, varios de los participantes han reconocido la contradicción entre criticar a la UE por su lentitud o incapacidad de actuación, mientras que luego los países tratan en Bruselas de defender sus intereses nacionales y poco hacen para avanzar en proyectos compartidos.

En el cierre de la jornada, el investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, ha destacado que el sector de la defensa vive una transición hacia un escenario distinto, con profundos saltos tecnológicos, cambios en modelos de defensa, de industria, de políticas públicas; cambios en la forma de combatir, con modos más robotizados y donde ya hay que incluir las cabezas y las percepciones; opina Arteaga que la defensa va a estar cada vez más sujeta al escrutinio y la vigilancia política y social, que se los ciudadanos van a exigir en mayor medida la justificación de cuánto se gasta, en qué y cómo se usa; y todo en un escenario estructural de congelación de recursos. De todo esto poco se habló por parte de los primeros espadas de la industria y la Administración.

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