domingo 7/3/21

Declarado nulo el ERE de Alcoa en San Cibrao al apreciar "mala fe"

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha decretado nulo el ERE que la multinacional Alcoa quería aplicar en la planta de San Cibrao (Lugo)

Alcoa

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha decretado nulo el ERE que la multinacional Alcoa quería aplicar en la planta de San Cibrao (Lugo), la única de aluminio primario que queda en España, al apreciar "mala fe" en esa medida empresarial por parte del grupo propietario de ese complejo industrial, asentado en el municipio de Cervo.

Con esta decisión, el alto tribunal gallego ha condenado a la empresa a mantener a los 524 empleados que estarían afectados en su puesto de trabajo, informa el TSXG.

La Sala, que ha estimado la demanda presentada por CCOO, CIG y UGT, aprecia “mala fe” en las negociaciones por parte de la compañía, pues asegura que su posición sobre los despidos y sus compensaciones “no ha variado ni un ápice” desde su propuesta inicial.

Los jueces subrayan que la intención de Alcoa era “paralizar las cubas electrolíticas de la fábrica para su posterior cierre” y entienden que con la oferta de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que realizó al comité de empresa pretendía “vestir lo mismo, pero de una manera diferente”, ya que “no privaría a la empresa de la posibilidad de extinguir los contratos de trabajo”.

Así, los magistrados consideran “sumamente significativo” el número de trabajadores afectados por los despidos, pues destacan que su porcentaje “se aproxima, sin superarlo, a aquel que, según las normas regulatorias, le permite a la empresa consolidar las ayudas recibidas de las Administraciones públicas sin tener que devolverlas”.

Todo ello permite a la Sala deducir, según se explica en la sentencia, que “el fin único y primordial que guiaba a la empresa era apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”.

El alto tribunal gallego asegura que “todas las supuestas concesiones” realizadas por Alcoa durante la negociación se produjeron “con la finalidad de evitar la calificación de nulidad del despido" que le impediría llevar a cabo la "decisión estratégica" de paralización de las cubas y el cierre de la fábrica.

Así, apunta que la Xunta le advirtió hasta en diez ocasiones sobre la necesidad de prolongar el periodo de consultas, algo que la compañía realizó “siempre en el último momento y con resistencias”.

Concluyen que se prolongó “no con la finalidad de discutir sobre el despido colectivo, sino para dejar tiempo para negociar la venta con un tercero”. “La pobreza de las negociaciones es tal que se ha limitado prácticamente a dos cuestiones acerca de las posibilidades reales de la venta de la planta de aluminio a un tercero y los efectos de la parada y rearranque de las cubas de electrolisis”, remarca la Sala.

Los jueces afirman en el fallo que los diálogos de Alcoa con una empresa, Liberty House, para vender la planta “permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica”, pues sostienen que la multinacional entró en la negociación “con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final”.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha compartido con la prensa esta resolución, ha celebrado que se haya "hecho justicia" y ha anunciado que irán a celebrarlo a la fábrica.

Después de las dos vistas celebradas en el alto tribunal gallego, la primera para evaluar las medidas cautelares solicitadas por la parte social y la segunda por la demanda del proceso de despido colectivo, los trabajadores estaban a la espera de una decisión que aclarase su futuro.

El fallo trascendió poco después de las dos y media de la tarde y fue acogido con júbilo por la plantilla, pues el despido colectivo, de prosperar, afectaría a 524 empleados.

Es el segundo revés para Alcoa, pues este mismo órgano ya había estimado en parte las medidas cautelares solicitadas por las centrales sindicales y demandantes en el proceso -CCOO, CIG y UGT- por lo que la siderúrgica tenía prohibido parar las cubas de electrolisis.

Una prohibición vigente hasta que hubiese sentencia sobre el despido colectivo y que, por tanto, ahora se consolida.

Los Gobiernos central y autonómico, el comité de empresa y los sindicatos han estado pidiendo a Alcoa durante meses que accediese a la venta, tras negarse a tal operación con Liberty House y la Sepi.

En caso contrario, la plantilla reclamaba la intervención pública.

En la vista oral, la representación legal de la compañía insistió en los argumentos que llevaron a la multinacional a plantearse tal situación, en concreto, en las pérdidas que acumula la planta de aluminio primario, que ascienden, según los cálculos presentados por Alcoa, a un millón de euros a la semana.

En este momento, la anulación del ERE planteado por la empresa supone un soplo de aire fresco para la plantilla, pero no, alegan, la solución al problema de fondo.

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