miércoles 20/10/21

Caja Madrid y Bancaja aprueban su unión y piden una ayuda de 4.465 millones

El accionariado del nuevo grupo la caja Insular de Canarias tendrá una participación del 2,45%; Caja Ávila, del 2,33%; Caixa Laietana, del 2,11%; Caja Segovia, del 2,01% y Caja Rioja, del 1,34%

Los consejos de administración de Caja Madrid, Bancaja, la Insular de Canarias, Caixa Laietana y las cajas de Ávila, Segovia y La Rioja aprobaron este lunes la creación de la alianza que les permitirá compartir riesgos y para la que han pedido una ayuda pública de 4.465 millones de euros. De ese dinero, que procederá del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sólo a la entidad madrileña le corresponderán unos 2.325 millones y a Bancaja, más de 1.680 millones, explicaron a Efe fuentes conocedoras de la operación.

 

Esas cantidades se corresponden con el peso que tendrán las dos entidades -Caja Madrid, el 52,06% y Bancaja, el 37,7%- en el nuevo grupo financiero, que con más de 340.000 millones en activos desbancará a La Caixa como la primera caja de ahorros de España.

 

Además, en el accionariado del nuevo grupo, en el que se sumarán los beneficios de las siete entidades, la caja Insular de Canarias tendrá una participación del 2,45%; Caja Ávila, del 2,33%; Caixa Laietana, del 2,11%; Caja Segovia, del 2,01% y Caja Rioja, del 1,34%.

 

Tras la aprobación por parte de los consejos del protocolo de integración y del plan de viabilidad del Sistema Institucional de Protección (SIP), la fórmula elegida para dar soporte a la unión de las siete cajas, se espera que en la primera quincena de julio se firme el contrato de esa alianza para que ya en septiembre, la puedan aprobar sus respectivas Asambleas generales.

 

Algunas fuentes señalaron que la fecha escogida para que los consejos firmen la creación del SIP, al menos para las dos grandes entidades, será el próximo 10 de julio.

 

En los comunicados remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las cajas destacaron además que con su unión crearán la primera entidad de banca comercial y de empresas en el mercado nacional por volumen de negocio, por delante del Banco Santander y el BBVA.

 

En cuanto al consejo de administración de la nueva entidad, estará formado por 21 miembros, mientras que la Comisión Ejecutiva la integrarán 11 representantes.

 

En la entidad financiera resultante, el presidente ejecutivo será previsiblemente el máximo responsable de Caja Madrid, Rodrigo Rato, mientras que el de Bancaja, José Luis Olivas, ocuparía la vicepresidencia ejecutiva del nuevo grupo.

 

La dirección de las sociedades participadas y la sede social de la sociedad central, que los sindicatos advierten que puede ser un banco, estarán en Valencia, mientras que la base operativa estará en Madrid.

 

A juicio de las entidades que participan en esta "fusión fría o virtual", la unión de las siete cajas aumentará el liderazgo de cada entidad en sus respectivas circunscripciones.

 

Al haber optado por unirse bajo un SIP, las entidades podrán contar con sus propios órganos de gobierno y obra social, así como mantener su personalidad jurídica, actividad comercial y marca corporativa en sus "territorios".

 

A Caja Madrid le corresponderá la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, mientras que a Bancaja, se le asignará la Comunidad Valenciana y las islas Baleares.

 

Según este reparto y a juicio de UGT, esto impedirá que Caja Madrid pueda seguir usando su nombre comercial en Valencia y Baleares, mientras que la marca Bancaja tendrá que desaparecer de Madrid y Castilla-La Mancha.

 

Igualmente pasará en aquellas regiones en las que Caja Madrid y Bancaja ya estuvieran presentes y que sean considerados territorios de origen de cada entidad integrante del SIP.

 

A las cajas de Segovia y Ávila, les tocarán sus respectivas provincias, aunque la abulense tendrá responsabilidades sobre la gestión de Salamanca y la segoviana sobre Valladolid.

Caja Rioja y la Insular de Canarias defenderán sus marcas en sus comunidades autónomas, mientras que la Caixa Laietana lo hará en las provincias de Girona y Barcelona, con la excepción del municipio condal.

 

Con este reparto, explicaron las entidades, se trata de minimizar el solapamiento de oficinas y de establecer una amplia cobertura geográfica, con la intención de mejorar el servicio y la gama de productos a sus clientes.