Resurge el problema de las "facturas ocultas en los cajones"
El sector público es un importante cliente para empresas y profesionales que consiguen contratos para poner a disposición de la Administración sus productos o servicios. Sin embargo, los últimos datos oficiales revelan que el fenómeno conocido como "facturas ocultas en los cajones" (facturas de proveedores que están pendientes de pago) no ha dejado de crecer en los últimos años.
Una vez más, la Administración Pública se convierte en una de las principales deudoras de empresas y autónomos, a pesar de sus esfuerzos para reducir la morosidad.
Más de 6.000 millones de euros en facturas impagadas
El retraso de pago en las facturas por parte de la Administración es un fenómeno tan habitual que, en los últimos años, se han tomado medidas para ajustar los tiempos de pago. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados.
El último informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, revela que el sector público acabó 2024 con una deuda de más de 6.000 millones de euros en facturas no pagadas.
Esta cifra supone un incremento del 45 % con respecto a lo que se debía a finales de 2019 (4.237 millones de euros entre facturas no pagadas y adeudos a ciudadanos en concepto de bonificaciones o actualización de prestaciones).
El récord se alcanzó en 2022, cuando el monto de las demoras superó los 7.000 millones de euros.
Cuenta 413, una medida que no ha llegado a funcionar
A fin de que las facturas en el cajón no volvieran a quedar olvidadas, se creó la Cuenta 413 dentro de la contabilidad pública española. Bajo la rúbrica "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", se registran obligaciones de pago que tiene la Administración derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que todavía no se han imputado al presupuesto correspondiente.
Su objetivo es garantizar el cumplimiento del principio contable del devengo, que exige que los gastos se reconozcan en el momento en el que se generan, con independencia del momento en el que se haga su pago o se imputen presupuestariamente. De esta forma, la contabilidad refleja de manera fiel y real las obligaciones económicas contraídas por una entidad pública.
El adecuado control de la Cuenta 413 es esencial para garantizar la transparencia y la sostenibilidad financiera de las entidades públicas. Un control que permite, entre otras cosas, identificar y regularizar situaciones de "facturas en el cajón".
La Cuenta 413 fue creada a principios de la década pasada, a fin de que la Unión Europea pudiera hacer un seguimiento de partidas que están pendientes de pago y que, hasta entonces, no figuraban en la contabilidad de manera oficial.
Entre 2013 y 2018 el sistema funcionó bien y la cuenta de acreedores por operaciones no devengadas se mantuvo en torno a los 3.000 millones de euros anuales. Pero en los últimos años el fenómeno de las "facturas en el cajón" ha vuelto a resurgir.
¿Por qué ha aumentado la morosidad en el Sector Público?
Los expertos señalan que es muy complicado encontrar una causa única, porque los organismos que acumulan facturas sin pagar son muy diferentes entre sí.
El último informe del IGAE desvela algunas claves para el incremento de la cantidad adeudada, como la acumulación de pagos retrasados por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante 2023. Según la Intervención, en este departamento hay importantes pagos de carácter habitual que están pendientes de abono.
Se destaca el papel de "las transferencias tanto corrientes como de capital que se realizan a entidades como Correos y Renfe; las compensaciones que tiene que hacer el Estado derivadas de rebajas o supresiones de peajes, las subvenciones a familias por las bonificaciones al tráfico aéreo y marítimo de residentes no peninsulares entre la península y las islas, así como las derivadas de subsidiación de intereses de préstamos para la adquisición de viviendas".
En la Cuenta 413 también se registran "gastos relacionados con concesionarias de autopistas nacionales de peaje. En este caso las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto tienen su origen en la aplicación de disposiciones por las que el Estado debe compensar a las concesionarias". El propio documento del IGAE reconoce que es posible que el abono de estas facturas se demore más de un año.