lunes 30/11/20
Economía

El Pacto de Toledo recomienda subir las pensiones con el IPC y endurecer las prejubilaciones

Aboga por fomentar el ahorro para el retiro dentro de las empresas con planes de empleo, informar a los ciudadanos de sus huchas y revisar las pensiones de viudedad

El Pacto de Toledo, que reúne a todos los partidos del arco parlamentario, ha consensuado este viernes un texto con una veintena de recomendaciones para dar viabilidad al sistema público de pensiones que abogan por preservar su poder adquisitivo, endurecer el retiro temprano y sanear el millonario déficit que arrastra el sistema para el año 2023.

El borrador del documento sobre el que este viernes han llegado a un acuerdo para llevarlo a la Comisión del Congreso el próximo martes, día 27 de octubre, tras varios años de debate y estudios sobre la materia, realiza una defensa del “mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones”, insta a fomentar el ahorro para el retiro dentro de las empresas y a revisar prestaciones como las de viudedad.

Rechaza la sustitución del sistema de reparto por otro de capitalización y establece que la financiación del sistema de la Seguridad Social debe adecuarse a la naturaleza de la protección, de modo que las prestaciones no contributivas se financien mediante aportaciones del Estado y dejen de hacerlo con cargo a la caja común de la Seguridad Social.

En la práctica aconseja la separación clara de fuentes de financiación, recomendando que las cotizaciones sociales sean destinadas, por tanto, “exclusivamente” a financiar prestaciones contributivas. Para que el Estado asuma las restantes apunta a que lo haga vía financiación tributaria y con cargo a los Presupuestos Generales, según un calendario que permita superar el déficit financiero de la Seguridad Social no más tarde de 2023.

Junto a la defensa del sistema saneando sus finanzas con la transferencia de los costes de las pensiones no contributivas al Presupuesto, aboga por mantener el poder adquisitivo mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al IPC real. El documento pide que se garantice dicha actualización por Ley y se preserve mediante la adopción de medidas para asegurar el futuro equilibrio social y financiero del sistema.

El borrador consensuado esta mañana y que se revisará el martes en el Congreso insta además a acometer un análisis de convergencia de los diferentes regímenes hasta reducirlos a dos: trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia.

La vocación es continuar avanzando hacia la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del Régimen General. En el mismo texto se aconseja la promoción en el marco del diálogo social de las medidas necesarias para aproximar las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales.

FOMENTAR EL TRABAJO MÁS ALLÁ DE LA JUBILACIÓN

Entre las medidas también insta por evitar las prejubilaciones fomentando la permanencia de los trabajadores en activo, sin menoscabo de atender a las situaciones de vulnerabilidad que la prolongación de la vida laboral pueda generar en determinados colectivos.

La Comisión considera que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo “debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida”, “respetando los casos de jubilaciones anticipadas por actividad penosa y de personas con carreras de cotización precarias”, establece el texto.

Para fomentar la permanencia aconseja, por ejemplo, adaptar y mejorar los incentivos sociales, fiscales y laborales existentes, poniendo como ejemplo el otorgar mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador cuando se fije su prestación de jubilación.

También aconseja favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación, mejorando el régimen de compatibilidad de la pensión con los ingresos provenientes de una actividad profesional y con otras nuevas medidas.

De forma específica apuesta, por ejemplo, por combatir la discriminación por edad en el mercado de trabajo español, “restringiendo al máximo el abandono prematuro de la vida laboral y la protección ante los despidos colectivos, como orientación de futuro en las políticas de igualdad, de acuerdo con las iniciativas de la Unión Europea”. “Para ello resulta clave que una de las prioridades de las políticas activas de empleo sea la recolocación de las personas de más edad y su mantenimiento en activo”, refiere el borrador.

En términos generales admite las prejubilaciones cuando la prolongación de la vida laboral es por actividades penosas y trata de que su recurso en las empresas dentro de ajustes de plantilla sea cuando los trabajadores afectados “cuenten con largas carreras de cotización y que opten por acogerse a ella”, a la regulación de empleo planteada.

El borrador acordado aboga por una “reformulación integral” de las prestaciones de muerte y supervivencia, en especial la de viudedad, “manteniendo su carácter contributivo” y adecuar las bases y periodos de cotización.

En concreto propugna por evaluar la ampliación de la progresividad del periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones; así como de la ampliación del periodo cotizado exigible por Ley para alcanzar una pensión del cien por cien de la base reguladora. Quieren que eso se además compatible con el mantenimiento y mejora de las pensiones mínimas, con una estructura y cuantías que no desincentiven la cotización.

Según el Pacto de Toledo es imprescindible preservar y reforzar el principio de contributividad sin menoscabo de la solidaridad del sistema. Para garantizar la suficiencia del sistema y las prestaciones aboga por fijar una referencia adecuada, que podría ser la tasa de sustitución (porcentaje de la pensión media sobre el salario medio de los trabajadores ocupados) tomando en consideración también que pasa en el resto de los países más avanzados de la Unión Europea.

De forma específica defiende fomentar también el ahorro privado para la jubilación impulsando los planes de pensiones de empleo, sustentados en el marco de la negociación colectiva y ofrecer una gestión más transparente en los planes de pensiones individuales.

El documento va más allá del sistema actual de pensiones y entra en el terreno de incentivar el trabajo, cuyas cotizaciones son la fuente de ingresos de las prestaciones. Así pide que se favorezca, pero con los incentivos al empleo concentrados en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma especial.

A su juicio, sólo debe priorizarse con este tratamiento preferente a los colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género; asimismo, deben adoptarse medidas de fomento de la contratación de los parados de larga duración, y de los jóvenes, así como incentivarse el mantenimiento del empleo de las personas contratadas que tengan 55 o más años.

El Pacto de Toledo recoge además el viejo compromiso de informar al ciudadano sobre sus huchas de pensiones, establecido incluso por una Ley que no llegó a cristalizar en las medidas prometidas. Así insta a dar cumplimiento a las obligaciones de información de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión.

Entre otras muchas medidas pide además crear una agencia de la Seguridad Social que permita la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones, con arreglo al marco competencial establecido en la Constitución y los diferentes Estatutos de Autonomía para mejorar la gestión de todo el sistema.

A tal efecto urge un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal al servicio de la Seguridad Social y propugna por la modernización el funcionamiento de las Mutuas, así como dotarlas de un cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos, compatible con un estricto control por la Seguridad Social.

También pone el acento en reforzar la lucha contra el fraude favoreciendo que todas las administraciones implicadas puedan cruzar la información existente en sus bases de datos y con el refuerzo de los medios de la Inspección de Trabajo y el régimen sancionador a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Entre otras medidas se incluyen también el lograr la equiparación de la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres, favorecer la contratación legal de trabajadores inmigrantes y trabajar para que los jóvenes recuperen la confianza en el sistema. Para rendir cuentas de la situación demanda además que el Gobierno comparezca anualmente ante la Comisión para informar de la situación puntual de la Seguridad Social y establece que se realice una evaluación a los cincos años de la situación por si hubiese que revisar recomendaciones y su cumplimiento.

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