El Observatorio de la Morosidad pronto será una realidad
La morosidad de los clientes es un gran problema para todas las empresas, pero muy especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que en muchos casos tienen que cerrar ante la falta de liquidez para hacer frente a sus propias deudas.
Con el fin de evitar este problema, la Ley Crea y Crece, del 28 de septiembre de 2022, preveía la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Organismo que podría estar en marcha en breve, según han confirmado desde el Ministerio de Industria.
El impacto de la morosidad en las pymes españolas
La morosidad es un desafío crítico para las pequeñas y medianas empresas, que ven afectada de manera directa su liquidez y su capacidad de inversión, lo que en muchos casos afecta a su supervivencia.
En 2024, según datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), el período medio de pago en el sector privado alcanzó los 64 días, cuando el límite legal es de 60 días. En el sector público, donde el límite legal de pago es de 30 días, las Administraciones tardaron una media de 67 días en pagar a sus proveedores.
Como consecuencia, el 52 % de las empresas españolas sufren el impacto negativo de la morosidad en su cuenta de resultados y un 8,1 % están en riesgo de cerrar como consecuencia de la falta de pago.
Antoni Cañete, presidente de la PMCM, declaraba en su momento que "la morosidad está enquistada en España, que se sitúa como uno de los países peores pagadores de la Unión Europea".
Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad denuncian que, a pesar de lo que dice la normativa, muchas empresas siguen estableciendo cláusulas abusivas y fijando plazos que superan los máximos legales, sin sufrir por ello ninguna consecuencia. Conducta en la que incurren incluso los entes públicos, que habitualmente pagan fuera del plazo previsto legalmente.
Ley Crea y Crece y su lucha contra la morosidad
La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, más conocida como Ley Crea y Crece, tiene como objetivo facilitar la creación y el crecimiento de empresas, especialmente de pymes. Para ello, establece una regulación que simplifica trámites, aboga por la digitalización e impulsa la lucha contra la morosidad.
Esta ley ha introducido ajustes legales como la restricción de acceso a subvenciones públicas para aquellas empresas que incumplan los plazos legales de pago. Para controlarlo, prevé la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.
El Real Decreto 439/2024, de 30 de abril, modificó el Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa, y se regula el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.
Aunque se han hecho avances en la regulación de este organismo, a día de hoy sigue sin ser una realidad.
Recientemente, en un foro en el que se analizó la importancia de la sostenibilidad para el tejido productivo español y los retos que afronta el sector, el Ministerio de Industria confirmó que el Observatorio pronto estará en marcha.
El Observatorio estará adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Industria, y se integrará en el marco del Consejo Estatal de la PYME.
Sus principales funciones serán:
- Elaborar un informe anual sobre la situación de los plazos de pago y la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas privadas.
- Elaborar y difundir códigos de buenas prácticas comerciales, campañas de concienciación y formación para fomentar una cultura de pagos responsable.
- Publicar anualmente un listado de empresas que hayan incumplido los plazos de pago, utilizando para ello los datos proporcionados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que esta obtiene a través del sistema de facturación electrónica.
- Actuar como órgano consultivo y promover un sistema de resolución de conflictos relacionados con la morosidad.
Desde el Ministerio de Industria han confirmado que el Observatorio, además de controlar a las empresas que no cumplen los plazos de pago previstos legalmente, servirá también "como incentivo positivo para premiar a quienes sí que pagan bien".
Los datos obtenidos por el Observatorio servirán para estudiar los índices de pago tardío y poder tomar medidas adecuadas frente a quienes incumplan.