Consumo abre expediente a otra inmobiliaria por prácticas abusivas en alquileres

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo refuerza su ofensiva contra irregularidades en el mercado del alquiler tras detectar comisiones ilegales y servicios impuestos a inquilinos

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un nuevo expediente sancionador contra una agencia inmobiliaria de ámbito nacional por presuntas prácticas abusivas en la gestión de contratos de alquiler. La actuación se enmarca dentro de una investigación más amplia impulsada por el Gobierno para depurar responsabilidades ante las irregularidades detectadas en el sector.

Según la Dirección General de Consumo, la inmobiliaria habría obligado a inquilinos a pagar comisiones por la simple intermediación en el alquiler —una práctica prohibida por ley— y a contratar seguros o servicios no solicitados como condición para acceder a la vivienda. Estos comportamientos podrían constituir infracciones graves o muy graves, con sanciones que van desde los 10.000 euros hasta un millón, o incluso el sextuplo del beneficio ilícito obtenido.

Un sector bajo vigilancia

Este expediente es el segundo que el ministerio de Pablo Bustinduy ha incoado contra empresas del sector inmobiliario en lo que va de año. El primero se dirigió contra Alquiler Seguro, y ambos forman parte de la ofensiva lanzada en octubre tras las denuncias presentadas por organizaciones como el Sindicato de Inquilinas, FACUA y OCU.

Pero el foco del Ministerio no se limita al alquiler residencial tradicional. También se han abierto investigaciones contra grandes plataformas de vivienda turística. Una de ellas, Airbnb, recibió una orden de retirada de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, muchos de ellos considerados publicidad ilícita o engañosa.

Protección al derecho a la vivienda

Desde el Ministerio insisten en que estas actuaciones tienen como objetivo garantizar el acceso digno a la vivienda y frenar la mercantilización abusiva del alquiler. "La vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley", recalcan.

La investigación del Ministerio sigue en curso y no se descartan nuevos expedientes sancionadores en los próximos meses, tanto en el ámbito del alquiler residencial como en el turístico.