martes 29/9/20

¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad? Una posible salvación para la crisis económica del coronavirus

Este mecanismo legal puede ayudar a muchas personas a volver a empezar después de afrontar una situación de quiebra o insolvencia
¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad? Una posible salvación para la crisis económica del coronavirus

La pandemia de la COVID-19 ha dibujado un escenario económico completamente novedoso. Los efectos de esta crisis han repercutido notablemente en el bienestar económico de una gran cantidad de familias hasta el punto de conducir a algunas de ellas a una posición total de bancarrota. En un contexto tan difícil como el actual, la Ley de Segunda Oportunidad se puede convertir en una posible salvación para superar los estragos de esta recesión. ¿Cómo funciona este mecanismo?

Introducción de la Ley

La Ley de Segunda Oportunidad apareció en la legislación nacional en febrero de 2015 de la mano del Real Decreto Ley 1/2015. En este escrito se explicaba que la norma nacía con la intención de ofrecer la posibilidad de volver a empezar a aquellas personas que hayan tenido que hacer frente a un fracaso económico, personal o empresarial. Para lograr dicho objetivo se le permite al deudor insolvente cancelar judicialmente sus deudas gracias al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, también conocido como BEPI. 

Dentro de la propia ley, en la exposición de motivos, se reconoce que “la experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad se producen desincentivos claros a acometer nuevas actividades e incluso a permanecer en el circuito regular de la economía”. Una situación que, explican, “no favorece al propio deudor, pero tampoco a los acreedores ya sean públicos o privados”.

En definitiva, con este mecanismo “se trata de permitir que aquel que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse librado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación”, recoge el BOE.

Requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Ya que esta ley no se trata de un instrumento que permita librarse con ligereza de los pagos a los que hacer frente, uno de los aspectos más relevantes a la hora de acceder a ella es el historial crediticio que el deudor insolvente lleve a sus espaldas. Con el análisis de este expediente se pretende lograr que esta ley ofrezca un auxilio a quien ha demostrado anteriormente ser un buen pagador, pero que por distintas circunstancias está haciendo frente a un mal momento económico. 

Es por ello que será necesario no haber sido condenado en los últimos diez años por delitos contra el Patrimonio, Hacienda Pública, Seguridad Social o derechos de los trabajadores. También supone un requisito actuar de buena fe (se debe intentar una solución extrajudicial) y no haberse acogido a este mismo mecanismo en la última década. 

Además habrá que haber satisfecho los créditos contra la masa y los privilegiados y se exige que se hayan pagado el 25% de los créditos ordinarios, aunque este requisito puede decaer si se demuestra que los créditos se intentaron pagar. Quedarán al margen del empleo de este mecanismo aquellas personas jurídicas cuya deuda supere los cinco millones de euros. 

Dos posibles escenarios

Una vez iniciado los trámites se dibujan dos posibles escenarios: un acuerdo extrajudicial de pagos, si se logra renegociar la deuda con éxito, o dar paso al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) en el caso de que no exista conformidad entre las partes.

El acuerdo extrajudicial estará tutelado por un juez e, incluso, existe la posibilidad de contar con un mediador concursal. El objetivo que persigue es lograr que los acreedores obtengan un pago futuro en un plazo no superior a diez años. Si no existe la posibilidad de hacer frente a esa deuda el juez podrá determinar la cancelación de las deudas a título definitivo o a título provisional mediante la aplicación del BEPI.

Si se otorga con carácter definitivo los acreedores ya no podrán reclamar las deudas de las que fueron librados. En el caso de que sea provisional será necesario que el deudor cumpla con un plan de pagos para la deuda no exonerada. Este requisito es clave a la hora de saldar las obligaciones restantes y deberá quedar resuelto en un plazo de cinco años. 

El plan de pagos protege también el derecho de cobro de los acreedores ya que si el deudor no satisficiera algún mes el calendario establecido se podría enfrentar a su inclumpliento y, por ende, a la posterior cancelación del BEPI.

Útil en el momento actual

El mes de abril reflejó unas cifras impactantes en lo que a desempleo se refiere y con 3.831.203 parados se alcanzó la cifra más alta desde mayo de 2016. El coronavirus y la declaración gubernamental del estado de alarma obligaron a parar a un gran número de empresarios y trabajadores que ahora sufren para hacer frente a las deudas que les rodean.

En medio de esta incertidumbre la Ley de Segunda Oportunidad, cuyo uso es más común en la cultura anglosajona, puede suponer un impulso y contribuir en el reinicio económico de los más afectados por los efectos de la pandemia. Además no siempre se debe renunciar a todo el patrimonio que se posee, sino que en ocasiones es posible conservar la vivienda y así mantener intacta una parte muy importante de su vida cotidiana.

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