La CNMC pone en marcha una investigación sobre el apagón
El lunes 28 de abril, sobre las 12:35 de la mañana, todo el sistema eléctrico peninsular colapsó. Dando como resultado que millones de personas se quedaran sin luz durante horas.
El Gobierno creó en un primer momento una comisión de investigación que sigue desarrollando su labor, aunque por el momento lo único que se ha podido hacer es descartar la hipótesis del ciberataque.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como organismo encargado de garantizar la libre competencia en los mercados y en los sectores productivos, acaba de anunciar que inicia su propia investigación.
El expediente informativo de la CNMC
Cani Fernández, presidenta de la CNMC, ha confirmado que el organismo supervisor ha comenzado ya la tramitación de un expediente informativo para poder reconstruir lo ocurrido durante el colapso energético de hace unas semanas.
Ante la Comisión de Economía del Congreso, la presidenta de la CNMC declaró que "hemos iniciado la tramitación de un expediente informativo y estamos recopilando toda la información que consideramos necesaria para poder reconstruir el evento con una precisión técnica suficiente".
Este organismo tiene competencia para requerir información a cualquier persona física o jurídica relacionada con el hecho investigado, así como para pedir información a las Administraciones competentes y realizar inspecciones. Todo ello con el objetivo de obtener elementos que ayuden a determinar qué fue exactamente lo que ocurrió el 28 de abril.
Una vez hecho el trabajo de investigación, si se deduce que hubo una infracción grave o muy grave, se incoarán los expedientes sancionadores que correspondan.
La presidenta de la CNMC también ha confirmado que una vez finalizada la labor investigadora se publicará un informe con las conclusiones, las recomendaciones y las propuestas para que esto no vuelva a suceder en el futuro. Reseñando que dicho informe puede no limitarse al ámbito eléctrico.
En palabras de Fernández, "el incidente afectó gravemente a telecomunicaciones, transporte ferroviario y otros servicios esenciales que también son de nuestra competencia y por ello abordaremos la cuestión tomando en consideración también en lo que resulte procedente esta perspectiva multisectorial".
Multas que podrían ser millonarias
La investigación se va a centrar tanto en los aspectos técnicos del fallo en el suministro eléctrico como en la respuesta que dieron las compañías responsables del suministro.
El objetivo es esclarecer las causas de lo ocurrido, pero también depurar responsabilidades por parte de Red Eléctrica y el resto de operadores y, en caso de detectar infracciones, imponer las sanciones pertinentes.
Según la normativa comunitaria, la sanción puede llegar a ser de hasta 60 millones de euros. Además, se pueden imponer sanciones accesorias como la inhabilitación para determinadas actividades o la pérdida de autorización administrativa.
Cani Fernández ha asegurado que el organismo está actuando de manera coordinada con otra instituciones nacionales y europeas, pero de forma independiente. "Nuestro objetivo es analizar en profundidad lo sucedido, identificar posibles fallos en la gestión y garantizar que se adopten las medidas necesarias para evitar que un incidente de esta magnitud vuelva a repetirse".
Seis meses de trabajo
El informe preliminar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estará listo en un plazo máximo de seis meses. Por su parte, la presidenta del organismo se ha mostrado dispuesta a comparecer en el Congreso para exponer sus conclusiones si así se le solicita.
También ha confirmado que el análisis está en una fase muy preliminar como para poder señalar causas o posibles culpables del incidente. "Estamos recabando información y lo que estamos haciendo es no ignorar ninguno de los elementos que se produjeron para no errar en nuestro análisis". Por el momento, desde la CNMC no descartan ninguna hipótesis sobre lo sucedido.
Además del informe de la CNMC, otros organismos a nivel nacional e internacional están tratando de esclarecer qué ocurrió el 28 de abril para que toda la península se quedara sin luz. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene un plazo máximo de tres meses para presentar su informe sobre el apagón al Grupo de Coordinación Eléctrico Europeo. El ENTSO-E, que es la entidad que asocia a los transportistas y operadores del sistema europeo eléctrico, tiene un plazo de seis meses para presentar el informe de la investigación que está llevando a cabo por su cuenta.