jueves 12.12.2019
LA RUINA DE SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICO

Las tres catástrofes del sistema financiero de las CCAA

El sistema autonómico español es un compendio de errores, algunos conscientes, junto a estructuras hipertrofiadas e ineficaces y que no sólo favorecen la corrupción sino la colocación de recomendados. Además de que cuestan 86.000 millones de euros al año

Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. | Gtres.
Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. | Gtres.

La financiación de las comunidades autónomas ha sufrido tres catástrofes consecutivas, consecuencia de un sistema de reparto desigual, con dos comunidades conscientemente favorecidas (País Vasco y Navarra), unas instituciones hipertrofiadas con un gasto desmesurado, un régimen tributario injusto y unos mecanismos en los que se ha infiltrado la corrupción. Un entramado donde el gasto populista y las colocaciones “a dedo” con el dinero del contribuyente han marcado el eje común. Primero quebraron las cajas, el brazo financiero de los políticos autonómicos. Más tarde, se estafó a cientos de ciudadanos para salvaguardar esas mismas cajas, que después se obligó a todos los españoles a rescatar por la negligencia e incompetencia de unos pocos puestos a dedo. La tercera catástrofe, las mismas comunidades han quebrado sus propias cuentas, para lo que se puso a su disposición el FLA (Fondo de Liquidez autonómico) con un gasto de más de 40.000 millones.

El sistema de funcionamiento de las Comunidades Autónomas en España ni es eficaz, ni deja contento a nadie, pero tampoco se quiere renunciar a nada y el único acicate para moverse es sacar más dinero a la Administración Central, dícese a todos los españoles. Con ese pretexto se presentó Artur Mas frente a Rajoy, en busca del concierto económico, que de haberse concedido la historia hoy sería distinta. Obviamente, Rajoy no podía otorgarle tal privilegio por dos razones: Cataluña contribuye netamente al sistema, lo cual desequilibraría la situación económica de las demás Comunidades Autónomas. La segunda es que si concede ese privilegio a Cataluña, no tardarían en pedirlo otras como Madrid, quebrando el sistema de financiación.

La filosofía del café para todos, al que alguno se le ha indigestado, comenzó a urdirse en la castiza provincia de Segovia. La visita del general Franco al pequeño pueblo segoviano de Turrubuelo, en 1968, dio lugar a un encuentro con el gobernador Civil de la provincia, Adolfo Suárez González. La anécdota de aquel día y las posteriores reuniones están extraídas del libro ‘Adolfo Suárez, ambición y destino’ escrito por Gregorio Morán. Los encuentros entre Franco y Suárez se repitieron bajo la misma premisa, que el gobernador había descrito en aquel pequeño pueblo de la pintoresca sierra segoviana: ¡No vamos a ser menos!

Mientras se cerraban los últimos flecos de la transición ya recorría por toda España la famosa frase segoviana del ¡No vamos a ser menos! Preludio del café para todos. La frase se la apropiaron con especial consideración en Navarra y el País Vasco, bajo la premisa de obtener un suculento privilegio frente al resto. Con ello la constitución de 1979 estableció que según el artículo 41.1 "Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco (sic) vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de Concierto Económico o Convenios". En su artículo 41.2: "d) La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma". Así nació el concierto económico, que tanta polémica y recelo ha traído.

Una financiación complicada

El concierto económico se remonta a 1876 a través de la Ley de Abolición de los Fueros, que tras varias modificaciones en la etapa franquista se materializó en 1981. Desde ese momento, se da potestad normativa para regular los impuestos y autonomía para recaudarlos. Al Estado sólo le rinden cuentas a través del llamado “cupo”, una pequeña parte que pagan por servicios como el de Defensa. Estas ventajas han repercutido sobre el ciudadano y sobretodo en las empresas vascas y navarras. Para dar cuenta de ello, existe un ejemplo paradigmático, las llamadas “Vacaciones Fiscales” que trataban de una serie de ayudas e incentivos a las empresas que se ubicaran en el País Vasco en 1993. Fue duramente criticada por Castilla y León y otras comunidades colindantes porque supuso un traslado de compañías. Aquel viejo grito que había nacido en Segovia ¡No vamos a ser menos! No sirvió de nada, obviamente el resto de CC.AA a partir de 1981 eran menos (económicamente) que Navarra y el País Vasco.

Al margen de las dos mencionadas, el sistema de financiación vuelve a romperse en dos partes (también objeto de crítica). Por un lado se encuentran las CCAA que contribuyen positivamente, es decir, que pagan al Estado más de lo que reciben como: Madrid, Valencia, Cataluña y Baleares. Por el otro, aquellas que reciben más de lo que aportan que son el resto, salvo Canarias que tiene también un régimen especial, encabezadas por Andalucía.

La financiación de la autonomías tiene varios aspectos, por un lado tienen una parte de los impuestos cedidos cómo el del IRPF, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, Transmisiones patrimoniales… A su vez, poseen impuestos únicos que se pueden encontrar en una, o en varias CCAA como: “Impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito”, “Impuesto del bingo” o el “Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales”. Aunque es el Estado el que reparte el dinero entre ellas.

A vueltas con el déficit

Un año más la mayoría de las CCAA volverán a incumplir con el compromiso de estabilidad que se le imponen. El objetivo de déficit lo fija la Comisión Europea junto con el Gobierno. Desde 2009 se han fijado 15 objetivos de estabilidad distintos, tres por año. El primero se fija entre los meses de junio y julio del año anterior, según lo establece la Ley de Estabilidad vigente. La segunda ocasión para el cambio es a lo largo del mismo año cuando se conocen las primeras estimaciones. Por último, una tercera variación se produce por culpa de la coyuntura económica, la excusa siempre es válida, que relaja ese objetivo. Aunque las CCAA deben asumir sus propias culpas en el tema, tienen dos argumentos frente a la Administración Central.

El primero es que la financiación que reciben para equilibrar sus presupuestos es irregular y estimada. El 75% de los ingresos de la CCAA de régimen común provienen de transferencias del Estado junto a participaciones territoriales en impuestos. Ya que los impuestos propios de la CCAA suponen tan sólo el 2% de la recaudación, el resto lo recauda el Estado que posteriormente lo liquida a las CCAA. El problema es que la partida de ingresos de las comunidades es estimada, ya que la liquidación se realiza a los dos años, lo que no ayuda a equilibrar los presupuestos al ser una partida ficticia.

El segundo, es que el déficit al que les obliga la Administración Central está alejado del real que pueden alcanzar. El déficit cíclico, el que viene afectado por el ciclo económico, afecta más a la Administración Central que junto con el estructural marcan su tope de gastos. Una vez que el Gobierno ha marcado ese límite impone a las CCAA la parte restante, aunque sea consciente de que las comunidades autónomas no puedan lograrlo.

Gastos injustificables

Mantener un sistema como el de las CCAA cuesta cerca de 86.000 millones de euros, divididos en tres partidas principalmente: gastos de personal, gastos corrientes y gastos financieros. Las comunidades se han convertido en unos entes de dimensiones desproporcionadas, que sólo en personal consumen 53.000 millones de euros.

Una característica peculiar de la política española es la colocación a dedo de gente afín al partido en las estructuras de las CCAA. Además, éstas tienen afán por extenderse por el mundo, no con oficinas o embajadas de España, sino de la propia comunidad. En 2012, en plena recesión y con la sociedad padeciendo recortes en educación o sanidad, las CCAA se gastaban 402 millones en oficinas en el exterior o mantenían 115 embajadas con un valor aproximado de entre 150 y 200 millones.

A pesar de los datos que existen, es muy complicado saber con exactitud el coste de mantener el sistema autonómico. No es posible conocer por ejemplo las duplicidades existentes, los organismos superfluos que se mantienen sólo para colocar recomendados, el coste de las empresas públicas que tienen ese mismo objetivo. Aún así, uno de los últimos informes de UPyD en su estudio económico “El coste del Estado autonómico” lo cifraba en 40.000 millones. El coste real es y será muy superior, porque la política de comprar voto con cheque en blanco, políticas de gasto público en infraestructuras inútiles, los aeropuertos o las magnas construcciones siempre sale muy caro al contribuyente.

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