domingo 05.04.2020

Calviño asegura que seguirá estando prohibido fragmentar contratos públicos

La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que la Ley de Contratos del Sector Público va a mantener "explicita e inequívocamente" la prohibición de fraccionamiento fraudulento del objeto del contrato, aunque se flexibilicen los límites para la contratación menor

Calviño asegura que seguirá estando prohibido fragmentar contratos públicos

Calviño ha defendido en el Congreso la convalidación de un decreto-ley que incorpora nueve directivas europeas y en el que se ha incluido una disposición final que elimina la prohibición de acumular en un año contratos con el sector público que superen los 40.000 euros para contratos de obra y los 15.000 euros para contratos de servicios o suministros.

Aunque el decreto-ley incluye también una mayor protección de los usuarios de seguros, más supervisión de los fondos de pensiones o la armonización del IVA y los impuestos especiales intracomunitarios, el debate se ha centrado en la disposición final que modifica la ley de contratación pública.

La norma se ha convalidado con 185 votos a favor y 136 en contra (PP y Vox), al tiempo que se ha acordado casi unánimemente su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Sobre la disposición final, Calviño ha incidido en que se sustituye la limitación de contratos por encima de una determinada cuantía por la obligación de que el órgano de contratación emita un informe justificando la necesidad del contrato y constatando que no se está alterando su objeto para evitar los controles previstos en la ley.

Ha explicado que algo que se hizo pensando en evitar prácticas corruptas se ha convertido en un problema sobre todo para pequeños ayuntamientos donde hay un número limitado de potenciales licitadores, lo que conlleva una "restricción injustificada".

"Somos conscientes de este problema desde hace tiempo y de hecho ya habíamos introducido esta modificación en los Presupuestos de 2020", ha dicho la vicepresidenta, que ha insistido en que seguirán sin poder fraccionarse los contratos con un mismo objeto que constituyan una unidad de ejecución en lo económico o en lo jurídico.

Pese a las explicaciones, el diputado del PP Eloy Suárez Lamata ha considerado "inexplicable" una modificación que precisamente se incluyó en la ley a instancias del PSOE y Podemos, lo que cree que supondrá una marcha atrás en la lucha contra las prácticas corruptas en la contratación pública.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal le ha recordado que durante la anterior legislatura se trabajó en un proyecto de ley para trasponer la directiva sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, en cuya fase de ponencia se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos, incluido el PP, para incluir la modificación objeto de la polémica.

Sagastizabal ha leído un correo electrónico de aquel entonces del propio Suárez Lamata en el que le proponía al PNV el cambio que ahora rechaza.

A favor de la modificación se ha pronunciado también el diputado del partido regionalista de Cantabria José María Mazón, que ha asegurado que la modificación era un clamor de la administración local, y ha negado que suponga una mayor corrupción, ya que tal y como estaba también favorecía practicas fraudulentas como la asociación de empresas o la creación de segundas empresas con otro nombre.

En contra se ha manifestado el diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, porque cree que allana los "contratos a dedo", si bien su formación se ha abstenido en la votación.

De Quinto se ha preguntado si también se suprimirán los test de estrés si la banca lo pide o si se quitarán las cámaras de vigilancia de todos los aeropuertos si el "superministro de Fomento" alega que "le complican el salvar España de importantes conflictos internacionales".

Vox ha votado en contra de convalidar el decreto-ley, aunque su diputado Juan José Aizcorbe no ha criticado tanto el cambio que atañe a los contratos menores como la forma en que se ha hecho, al incluirse en un decreto-ley que "usurpa" al Parlamento su función legislativa. 

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