Sábado 21.07.2018
Transición energética

La agricultura contra la subida del gasóleo que proponen los expertos

La propuesta de la Comisión sobre Transición Energética podría suponer 200 millones más a pagar por el sector.La fiscalidad herramienta preferida de los expertos

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las propuestas realizadas por parte de la comisión de expertos que está trabajando en la ley de Transición Energética y presentadas recientemente al Ministerio de Energía,

Ha expresado su “completo rechazo al aumento sugerido al impuesto de gasóleo como vía para descarbonizar el transporte”.

El sector agrario se muestra contrario a la postura de esta comisión que presupondría que la fiscalidad es la única manera para disminuir las emisiones y, por este motivo, habría propuesto el aumento de hasta un 28,6% el actual impuesto, mientras que para la gasolina este aumento sería sólo del 10%.

Según las estimaciones de la organización, ello representaría que los agricultores tendrían que pagar 200 millones de euros más al año por el gasóleo agrícola que consumen en sus labores.

Igualmente, se considera en el sector que las propuestas realizadas están más enfocadas a los problemas de contaminación de las grandes ciudades, afectadas por las emisiones de óxido nitroso y de partículas, olvidando que los vehículos de gasolina emiten emisiones de CO2, más perjudiciales para la atmósfera.

La organización ve sin embargo positivas otras observaciones realizadas por el grupo de expertos en relación a mejorar la electrificación en todo lo que sea posible, propuesta que la organización viene realizando desde hace años sin que se ponga en marcha por las administraciones un verdadero Plan de Electrificación.

En este sentido, Unión de Uniones destaca que, no sólo no se ha hecho el Plan sino que el agricultor está obligado con la cuota a pagar por la energía eléctrica que no consume en temporada baja, desincentivando el consumo de energía eléctrica frente a los combustibles fósiles.

Por todo ello la organización agraria considera importante abrir un diálogo con los profesionales del campo, la industria alimentaria y la de maquinaria agrícola antes de hacer que los costes de producción para el agricultor y los consumidores finales se incrementen de manera injustificada, sin haber planteado antes otras medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad y la eficiencia.

“No se pueden poner impuestos al sol y luego criticar que no se usan lo suficiente las energías limpias. Estamos concienciados con los problemas ambientales y somos los primeros que nos sentimos amenazados por el avance del cambio climático y aprovecharemos cualquier herramienta innovadora que pongan a nuestra disposición para contribuir al combatirlo” – han afirmado desde la organización agraria– “Sin embargo, nos cuestionamos la conveniencia de este tipo de medidas y, sobre todo su aplicación indiscriminada y sin medir ni su eficacia, ni sus repercusiones, en el sector agrario y el medio rural”, han añadido.

La fiscalidad herramienta preferida de los expertos

La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética apuesta por un encarecimiento del gas del 5,8% y también de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza del 1,8% en la gasolina, a la vez que aboga por abaratar el precio de la electricidad en un 6,8% para el consumidor doméstico.

La comisión, que ha presentado las conclusiones de su trabajo al Gobierno, considera que estas modificaciones de precios son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual. El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha contado con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que puede convertirlo en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el cambio climático.

El informe apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por España con la Unión Europea en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales bajo el axioma de que el que contamina, paga. El documento incluye 3 límites en la implantación de esta medida, como son evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; evitar la pérdida de recaudación de las administraciones públicas y no elevar la presión fiscal.

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