El negocio que nadie quiere cerrar en España
Aunque ahora muchos de sus directivos hayan tomado nota de lo ocurrido con la televisión pública griega, las cadenas autonómicas en nuestro país siguen constituyendo un agujero negro más grande que el del triángulo de las Bermudas. Por mucho que este año le vayan a costar a los españoles 1.000 millones de euros, que tan sólo tengan previsto recaudar 100 millones de euros entre todas en publicidad, y que desde el Gobierno se siga asegurando que no son "servicios esenciales", lo cierto es que nadie parece atreverse a ser el primero en cerrar alguna, o cuando menos en privatizarla.
El de que su gestión pasara a manos privadas fue el objetivo por el que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado año la reforma de la ley de terceros canales, pero lo más que se ha hecho desde entonces son declaraciones a favor de ello. El último en sumarse a la moda ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha ido más allá al afirmar que el futuro del ente público podría depender de la resolución judicial definitiva al recurso interpuesto por los 1.200 trabajadores de Telemadrid que se habían quedado en la calle por culpa del ERE: "Si por alguna circunstancia fuera declarado nulo, tendríamos que cerrar directamente la cadena porque no lo podemos sostener".
De no ser así, y que la justicia aceptara esos despidos, la política a seguir sería la de una privatización parcial ("tendremos que incorporar fórmulas de gestión que la hagan sostenible y que pasan por la externalización de la gestión al sector privado"), que está todavía muy lejos de lo que quería su predecesora, Esperanza Aguirre, para esa casa.
Curiosamente, mientras que en las autonomías en las que mandan no dan el paso, en otras, como en la canaria, el PP sí pretende la privatización de la televisión pública, como acaba de quedar patente con la moción en ese sentido que han presentado al Parlamento de Canarias, al considerar que la situación socioeconómica de la región impide mantener el ente. Lo malo es que dos semanas atrás el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortíz, había descartado la privatización de la RTVC, que este año cuenta con un presupuesto de 40 millones de euros (un 10% menos que en 2012 y un 50% inferior al de 2008), por cumplir una función "insustituible" como elemento de cohesión del archipiélago. Además, alegaba que esa TV era la más baratapor habitante y año entre todas las autonómicas patrias, con 24 euros, y una de las que más audiencia tenía, con un 7,3%.
A favor y en contra
No sólo eso, sino que incluso algunos, como Alberto Núñez Feijóo, presidente popular de la Xunta de Galicia, incluso presumen de la gestión que están llevando a cabo con su cadena autonómica señalando que "si somos capaces de mantener una televisión económica y socialmente sostenible debemos hacerlo". Su fe en ella es tal que incluso la equipara con la educación, "la televisión gallega y la educación son los pilares fundamentales de la política lingüística de la comunidad".
Pese a las palabras de Feijóo, parece que el primer paso en el camino hacia las privatizaciones autonómicas podría darlo la Radio Televisión Valenciana, que ya ha cerrado la fusión por absorción de la radio y la televisión pública y que tras la remodelación de todo su Consejo de Administración ha comenzado a perfilar las parcelas de la programación que se quieren privatizar. De momento ya hay varias empresas con intereses en el sector, que han participado en concursos para quedarse con la gestión de algunos canales autonómicas, que llevarían la delantera, aunque a algunas empresas de ámbito nacional se ha sumado una iniciativa valenciana que aglutina a varias empresas de la región y que podría aspirar a intentar hacerse con la gestión de RTVV.
Mientras, Fabra y su equipo de Gobierno intentan dejar claro que su intención es, sino cerrarla, cuando menos privatizarla. La mejor prueba de ello es el respaldo al ERE llevado a cabo en el ente, que afectaba a 1.200 trabajadores. Más de la mitad de estos ya han abandonado la empresa y el resto irán saliendo entre junio y agosto (este mismo mes saldrán otras 130 personas).
En autonómicas más "modestas", lo que se están produciendo son subastas parciales para la realización y suministro de sus contenidos audiovisuales. Así ocurren en Canal Extremadura, donde Factoría Plural, del Grupo Heraldo, recibirá 3,77 millones de euros por la gestión de distintos programas y formatos de la programación del canal en los próximos dos años. En total tendrá que producir un total de 428 horas de programación, hasta el 31 de marzo de 2014, cubriendo de esta manera la empresa buena parte de su parrilla. Apenas unos meses antes, Vértice 360, a través de su filial Erpin 360, resultó adjudicataria de otro concurso público para la contratación de los servicios de realización y suministro de contenidos audiovisuales con esta misma casa.
Negocio ruinoso
Lo que está claro es que si la crisis afecta a todos, a las cadenas autonómicas más todavía, por mucho que en materia publicitaria se haya pasado en el primer trimestre de este año a un 19% menos de recaudación (27,7 millones de euros), todo un "logro" teniendo en cuenta que en idéntico periodo de 2012 los ingresos por esa partida se habían reducido un 39,8%. Lo malo es que en estos momentos todas las televisiones autonómicas apenas juntan el 6,8% del mercado publicitario, cuando hace cinco años tenían más del 20%, y se calcula que a finales de 2013 apenas habrán podido conseguir en torno a los 100 millones de euros por esa partida, tansólo un 10% de lo que le costarán este año a las arcas del Estado español en materia de subvenciones.
Los anunciantes prefieren aprovechar el mercado nacional, sobre todo ahora que también estas cadenas han bajado sus precios, teniendo en cuenta que tampoco las audiencias son espectaculares en las autonómicas, que cuentan con una media en torno al 9%, con algunas de ellas, precisamente Telemadrid, Canal 9 Castilla-La Mancha TV, que ni tan siquiera llegan a un 5% que sobrepasan por los pelos otras como la TPA asturiana (5,2%) y la IB3 mallorquina (5,9%).
Lo mismo da que gobiernen los del PP en la región, como ha quedado reflejado en las citadas Telemadrid o la RTVV (desde su creación ha acumulado una deuda de 1.200 millones), que los socialistas, cuya gestión en la autonómica andaluza tampoco es nada boyante (CanalSur registra pérdidas de 100 millones de euros), o formaciones nacionalistas como las catalanas (TV3 acumula una deuda de 7,8 millones y la subvención pública ascenderá este año a 225 millones de euros, la misma cantidad que la Generalitat adeuda a las farmacias).
Tampoco resulta extraño que algunas ya hayan apostado por ERES drásticos y otras se los estén pensando, habida cuenta de que el conglomerado de todas estas cadenas ha llegado a contar con aproximadamente 9.500 profesionales, cifra tres veces superior a la suma de los trabajadores de Antena 3 (cerca de 1.800 empleados) y Mediaset (en torno a los 1400) juntos. No es de extrañar que el ministro Soria siga cuestionando las prioridades del gasto autonómico.