sábado 14.12.2019
SEGÚN EL GOVERN

"El 50% de castellano en la escuela supone la muerte del catalán"

Rigau acusa al Gobierno de mentir a los padres por asegurarles que pueden escoger centros en función de la lengua escolar

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau. | EP
La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau. | EP

La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha asegurado este domingo que la imposición del 50% de clases de castellano en las escuelas supone la "muerte del catalán".

Tras el recurso presentado esta semana por el Gobierno central al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para rehacer la matriculación escolar en función de la lengua, Rigau ha criticado, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que el debate de la lengua en las aulas "no es una cuestión de porcentajes".

Ha acusado al Gobierno central de mentir a los padres cuando les asegura que pueden escoger centros en función de la lengua escolar: "Que la presupuesta elección por razón de lengua no está prevista a la hora de asignar las plazas, y no está prevista en la normativa estatal".

El Tribunal Supremo ordenó el pasado viernes que las escuelas catalanas impartan un 25 por ciento de las clases en castellano y fijó, además, que deben darse en este idioma no sólo las asignaturas correspondientes a esta lengua sino también alguna de las materias troncales.

En una sentencia hecha pública el pasado viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo avalaba el porcentaje que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en ejecución de las resoluciones del alto tribunal, que reconoce desde 2010 que el castellano debe ser lengua vehicular en los colegios catalanes.

El Supremo precisa que el porcentaje fijado es "proporcionado, razonable y ajustado a la consecución de la enseñanza del castellano". La condición de lengua vehicular no puede alcanzarse si se reduce su uso "a una asignatura más" por lo que debe incluirse en otra materia de carácter troncal, agrega.

Esta decisión del TSJ provocó que dos padres de alumnos recurrieran al Supremo demandando un incremento del porcentaje al 50 por ciento. La Generalitat también recurrió al considerar que los tribunales catalanes no están legitimados para fijar los criterios a seguir.

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