martes 28/9/21

El estado de alarma, agente corrosivo de la democracia

Alfonso

Los datos son espeluznantes. En esencia, porque la democracia se basa en un sistema -con sus correspondientes engranajes- de control de poderes, de equilibrio entre unos actores y otros, en la propia rendición de cuentas respecto de sus actuaciones y su radio de acción.

            El gobierno ha adjudicado ‘a dedo’ contratos por valor de 3.236 millones de euros en lo que va de pandemia. Suma y sigue. De un lado están las contrataciones de emergencia; en paralelo, los procedimientos extraordinarios a los que han venido recurriendo, en uso y abuso, Comunidades Autónomas y entidades locales para procurar capear el temporal de la enfermedad. Un irrefrenable carrusel del que ha colgado y colgaba la compra de material sanitario, del que un porcentaje -por cierto- ha llegado averiado del sudeste asiático (mucho más que China).

            A muchas de estas operaciones no se les dio publicidad hasta después de formalizarse, lo que no ha hecho sino levantar sospechas por doquier. No sólo entre la oposición política, que está en su deber y responsabilidad de supervisar y criticar o censurar; también, entre los organismos de la más diversa extracción que promueven legítimamente la transparencia y la regeneración frente al caudillismo y contra el cortijo.

            Sería estúpido colegir que España no ha atravesado por una situación catastrófica o de grave peligro, supuestos que determinan y justifican la aplicación de estos mecanismos para el aprovisionamiento, pero, ¿no se ha incurrido ya en los suficientes excesos? ¿debe perpetuarse esta forma de proceder con la perenne excusa de ‘remediar el acontecimiento producido’ o ‘satisfacer la necesidad sobrevenida’?

            El estado de alarma hace tiempo que perdió su sentido, porque con su perpetuación pierde el Estado de Derecho y el propio régimen democrático, que se ve fuertemente erosionado y, en algunos de sus ángulos, golpeado y roto.

            Ha sido demasiado el dinero que se ha adelantado a los lejanos productores, han sido demasiadas las compras que han resultado fallidas, han sido demasiados los artículos (mascarillas, respiradores) cuya calidad no se correspondía con las condiciones anunciadas y las características acordadas y firmadas. Y, por si fuera poco, el propio Ministerio de Sanidad ha confesado y desvelado los engaños y las estafas que ha sufrido por parte de algunas de las citadas compañías.

                No es solamente una cuestión económica. También lo es ética. Todos los males de la democracia se curan con más democracia. Es el momento. 

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