sábado 24/10/20
considera que "no existen indicios suficientes"

El TSJA archiva la denuncia contra el consejero andaluz de Economía

El consejero fue denunciado por la adjudicación, cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla, de un centro universitario que tenía un presupuesto de 34,8 millones de euros

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado hoy la denuncia contra el consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, porque considera que "no existen indicios suficientes" de los delitos de prevaricación y falsificación de los que fue acusado.

El consejero fue denunciado por la adjudicación, cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla, de un centro universitario que tenía un presupuesto de 34,8 millones de euros, de los que se subvencionaron 21,7 millones, según ha informado el TSJA.

Las diligencias fueron abiertas a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Superior de Andalucía por hechos ocurridos cuando Arellano era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, aunque el juez considera que el consejero "no participó en el proceso selectivo" de la empresa adjudicataria.

El magistrado de la Sala Civil y Penal Juan Ruiz-Rico afirma que "no ha quedado acreditado" que Arellano "conociera los datos de los licitadores que habían concurrido a los mismos, ni cómo se habían documentado las ofertas y demás trámites administrativos ni, en definitiva, que se hubiera producido cualquier tipo de irregularidad respecto de los mismos".

La Fiscalía consideró que Arellano, al adjudicar el Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius), no respetó los procedimientos establecidos en la ley de contratos del sector público y lo hizo de forma"directa y arbitraria" a favor de un arquitecto.

"Lo decisivo en el presente caso no es la posible incorrección de los procedimientos administrativos y el trámite elegido para ello", señala el instructor del TSJA antes de aclarar que, "por razones de urbanismo o subvenciones presupuestarias", se "exigían unos procedimientos de adjudicación muy ágiles si se quería llegar a tiempo".

El juez alude a esta situación "bien por falta de previsión" o "por falta de la suficiente asignación presupuestaria".

En su auto, el juez asegura: "No es que no haya seguridad de la responsabilidad del investigado, es que se puede establecer una muy razonable estimación de que el material probatorio carece de la aptitud suficiente para generar un mínimo de certeza, lo que ha de comportar clausurar ya el procedimiento mediante el correspondiente auto de sobreseimiento".

El instructor añade que no existen "indicios suficiente de la participación deliberada" del consejero en los hechos "supuestamente delictivos".

"Esto no excluye que, en su caso, de aparecer nuevos elementos que desvirtúen las razones aducidas, pueda ser reaperturado el procedimiento", concluye el juez antes de acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias.

Para archivarla causa, el juez ha tenido en cuenta la declaración del consejero -que alegó la confianza en los técnicos que elaboraron los expedientes para hacer la obra-, en las declaraciones del representante de la empresa constructora y del arquitecto, a los que desconocía Arellano, asegura el magistrado.

La orden de inicio de la obra y la asignación de la empresa se hizo "ante la urgencia en orden a ejecutar el importe de la subvención", indica el auto antes de explicar que el desarrollo del procedimiento elegido se llevó a cabo en el Servicio de Obras y Proyectos, que fue remitido posteriormente al Área de Contratación y Patrimonio.

Respecto a la falsedad de la que se le acusaba al consejero, el juez asegura que "no hay ninguna otra prueba que venga a acreditar ni indiciariamente que el aforado participara o indujera a otra persona a realizar dicha alteración, de haberse producido, por lo que ningún reproche penal puede achacársele"

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