sábado 28.03.2020

Bolivia emite órdenes de captura contra ex funcionarios de Morales refugiados en la Embajada de México

Karen Longaric, la ministra de Exteriores de la presidente interina de ese país, Jeanine Áñez, afirmó que esas personas no podrán optar por el salvoconducto debido a que sobre ellas pesan diferentes delitos
El gobierno interino de ese país dijo que las órdenes de aprehensión fueron enviadas a la Embajada de México
El gobierno interino de ese país dijo que las órdenes de aprehensión fueron enviadas a la Embajada de México

Este miércoles, cinco altos cargos del gobierno del ex presidente Evo Morales, actualmente refugiados en la Embajada de México, terminaron reclamados por la justicia de Bolivia. Así lo anunció Karen Longaric, ministra de Exteriores de la presidente interina de ese país, Jeanine Áñez.

La Fiscalía de Bolivia emitió órdenes de captura contra el ex ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana; la ex ministra de Cultura, Wilma Alanoca; el ex gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez; el ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, Nicolás Laguna, y el ex funcionario de informática del Órgano Electoral, Sergio Daniel Martínez Beltrán.

Quintana está acusado de terrorismo y sedición. Por su parte, Alanoca resultó acusada después de que las autoridades encontraran cócteles molotov en la sede del Ministerio de Cultura. Sobre De Laguna y Martínez recaen acusaciones de fraude electoral. Mientras que en el caso de Vásquez, existe una orden de captura por un supuesto uso indebido de bienes del Estado.

Longaric indicó que las cinco órdenes de captura terminaron enviadas a la embajada mexicana y se mostró optimista ante la repuesta de ese país, tal como ha informado la emisora boliviana Erbol.

Dijo que estos cincos ex funcionarios refugiados en la Embajada de México no podrán optar por el salvoconducto y en caso de no ser entregadas por las autoridades mexicanas, su estancia en la sede diplomática tendría que prolongarse en el tiempo, recordando el caso del senador Roger Pinto, quien huyó a la embajada brasileña tras ser acusado de delitos fiscales en 2012.

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